Las negociaciones para definir el incremento del salario mínimo del próximo año comenzaron a inicios de diciembre en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Como ocurre cada año, el debate entre Gobierno, gremios empresariales y centrales obreras volvió a poner sobre la mesa las tensiones económicas y sociales que implica la fijación de esta cifra clave para millones de trabajadores en el país.
En esta ocasión, la discusión se ha centrado en dos posturas claramente diferenciadas. Por un lado, las centrales obreras —con respaldo de algunos sectores del Gobierno— han planteado un aumento del 13 % o incluso del 16 %, argumentando la necesidad de garantizar un ingreso que cubra no solo los costos básicos, sino que permita mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En contraste, algunos gremios empresariales y comerciantes proponen un incremento del 7,21 %, una cifra cercana a la inflación, con el fin de preservar la sostenibilidad fiscal y evitar impactos negativos en el empleo, el sistema pensional y los precios.
El pasado 15 de diciembre, fecha límite inicial para alcanzar un acuerdo, el Ministerio del Trabajo confirmó que no se logró una concertación entre las partes. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó en entrevista con Blu Radio que el aumento podría ser de dos dígitos, acercándose al 13 % o al 16 %. “De pronto se llevan una sorpresa porque podría ser más del 12 %”, señaló el funcionario, dejando abierta la posibilidad de que el Gobierno fije el incremento por decreto.
Ante este escenario, gremios como FENALCO anunciaron su retiro de la mesa de concertación y expresaron su rechazo a la propuesta impulsada por el Ejecutivo. Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación, advirtió que un aumento de esa magnitud podría generar efectos adversos en la economía. “Esto conlleva a una mayor informalidad y, por supuesto, tiene efectos inflacionarios”, afirmó, reavivando el debate sobre la viabilidad de un incremento elevado.
Por su parte, las centrales obreras, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), respaldan su propuesta en los lineamientos expuestos por el Ministerio del Trabajo y en los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve el concepto de “salario mínimo vital”. Según el artículo 3 de este organismo, la fijación del salario mínimo debe considerar “las necesidades de los trabajadores y de sus familias, el nivel general de los salarios en el país, el costo de vida, las prestaciones de seguridad social y el nivel relativo de otros grupos sociales”, además de factores económicos como la productividad.
En este contexto, el presidente de la República tiene plazo hasta el 30 de diciembre para definir el incremento del salario mínimo. No obstante, de acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, el Gobierno evalúa la posibilidad de anunciar la cifra antes del 24 de diciembre, en un intento por cerrar el debate antes de las festividades de fin de año.
