Ultimátum de 15 días a empresas de energía y telecomunicaciones para retirar y ordenar el cableado aéreo en Zipaquirá

En una movida contundente para recuperar la seguridad y el paisaje urbano del municipio, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas García, radicó un requerimiento formal dirigido a los principales operadores de energía y telecomunicaciones de la ciudad. La medida impone un plazo perentorio de 15 días a compañías como Enel Colombia, Claro, Movistar, Tigo, ETB y DirecTV para que presenten un plan de acción concreto que ordene, identifique y limpie la maraña de redes aéreas en el espacio público.

La intervención gubernamental surge tras un diagnóstico exhaustivo de la Administración Municipal, que evidenció múltiples puntos críticos a lo largo y ancho del municipio: cables caídos o a baja altura, redes fantasma sin identificación, rollos de cable abandonados en los postes, interferencias con líneas eléctricas y infraestructuras sobrecargadas que amenazan la seguridad de peatones y conductores.

Entre los requerimientos exigidos por la Alcaldía destacan:

• Retiro inmediato de todo el cableado en desuso o en estado de abandono.
• Marcación e identificación visible de la propiedad de cada red.
• Atención prioritaria a los puntos que representen riesgos físicos inminentes.
• Cronograma detallado por sectores, con fechas y ejecutores verificables para la reorganización integral.

“Zipaquirá necesita conectividad, pero también necesita seguridad, orden urbano y respeto por nuestro espacio público. No podemos normalizar cables abandonados, redes sin identificar o elementos que representen riesgos para nuestros ciudadanos”, afirmó Rojas.

Si bien la estrategia abarcará a todo el territorio municipal, el plan priorizará el centro histórico de Zipaquirá y su área de influencia, considerando su alto valor patrimonial, arquitectónico y turístico.

No obstante, la administración municipal enfatizó en que la solución trasciende la simple recolección de cables obsoletos. Por ello, el requerimiento solicita el inicio formal de un programa progresivo de subterranización de redes, enfocado en la zona patrimonial, los principales corredores viales, los sectores de renovación urbana y los nuevos desarrollos inmobiliarios de la ciudad.

“No queremos simplemente quitar unos cables y que en unos meses volvamos a tener el mismo problema. Queremos establecer una solución de largo plazo para ordenar las redes de Zipaquirá y avanzar hacia una ciudad más segura y organizada”, puntualizó el alcalde.

El documento radicado no constituye una mera solicitud administrativa, sino la reclamación previa legalmente requerida antes de la interposición de una Acción Popular.

Si en el plazo fijado de 15 días las empresas responden de forma evasiva, genérica o incumplen las metas pactadas, la Alcaldía acudirá formalmente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En dicha instancia, solicitará la protección de los derechos colectivos vulnerados, entre ellos:

1. El goce de un ambiente sano y la defensa del espacio público.
2. La seguridad y salubridad públicas.
3. La prevención de desastres y riesgos previsibles.
4. El desarrollo urbano ordenado.

Con este ultimátum, la administración municipal sienta un precedente para detener el deterioro del entorno urbano y transformar el problema de la contaminación visual y el cableado de riesgo en una agenda prioritaria de infraestructura y seguridad ciudadana.