SIC inició investigación administrativa contra la empresa administradora de la Catedral de Sal de Zipaquirá por una presunta práctica de ventas atadas

En un anuncio realizado durante la mañana de este martes, la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional de protección de la libre competencia, inició una investigación contra la empresa administradora del complejo turístico de la Catedral de Sal de Zipaquirá por posibles prácticas anticompetitivas de ventas atadas. La administración, en aprovechamiento de la relevancia y el reconocimiento de la Catedral como destino cultural, histórico, turístico y religioso, habría implementado un esquema de comercialización mediante pasaportes en el que se obligaría a los consumidores a adquirir una serie de servicios adicionales para lograr acceder al recinto, esto es, no permitiendo la compra individualizada del ingreso a la Catedral.

Estos paquetes, denominados pasaportes, no permitirían a los visitantes elegir libremente los servicios que desean adquirir, ya que la compra del tiquete de acceso al templo implica necesariamente la adquisición obligatoria de otros servicios adicionales.

Entre los servicios que se incluirían de manera obligatoria junto con la entrada a la Catedral de Sal, se encuentran los siguientes:

• Visitas guiadas dentro del templo de la Catedral de Sal de Zipaquirá.

• Acceso a internet.

• Ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza.

• Ingreso al Museo Arqueológico de Zipaquirá.

• Transporte mediante el tren de salida.

De acuerdo con el desarrollo de la actuación administrativa, la imposibilidad de adquirir únicamente el acceso a la Catedral sin estos servicios adicionales constituye el núcleo de la posible práctica anticompetitiva bajo investigación, lo que habría llevado a un presunto posible abuso de posición de dominio por venta atada.

Segun la SIC, la situación descrita podría estar afectando la libertad de elección de los consumidores, quienes se estarían viendo obligados a pagar por servicios que no necesariamente desean o requieren para su visita al complejo, ya que se les habría subordinado el suministro del servicio de entrada a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituirían el objeto del negocio, limitando la posibilidad de que los visitantes eligieran únicamente aquellos servicios en los que realmente están interesados.

Sobre este punto se destaca que, de conformidad con las pruebas recaudadas hasta este momento en la actuación administrativa, aproximadamente solo el 50% de los turistas que adquieren estos pasaportes estarían utilizando efectivamente los servicios adicionales, lo que reforzaría la hipótesis según la cual dichos servicios no resultarían indispensables para la visita a la Catedral y, por tanto, su inclusión obligatoria podría generar afectaciones para la libertad de elección de los consumidores y el incremento de los costos al tener que pagar no solo por el servicio que quiere, sino por los adicionales.

Esta actuación cobra especial relevancia en un contexto de crecimiento sostenido del turismo en Colombia: entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, el país recibió 14,8 millones de visitantes extranjeros, consolidándose entre los 20 destinos más dinámicos del mundo. Un logro que no solo refleja la apuesta del Gobierno Nacional por proyectar la diversidad de “El País de la Belleza” ante la comunidad internacional, sino por velar la protección del turista nacional y extranjero.