Transcurridas más de 72 horas del devastador terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó), la gestión para el ingreso de brigadas internacionales de búsqueda y salvamento desató una fuerte controversia en el país. Ante las críticas por la supuesta negativa a recibir personal técnico extranjero, el Canciller de Colombia, Omar Bula, aclaró que no se ha rechazado la cooperación externa y que el país avanza en la coordinación con las naciones cooperantes, pese a los cuestionamientos surgidos desde gobiernos de la región como el de México.
La controversia se originó tras conocerse que, aunque al menos 12 países ofrecieron el despliegue inmediato de personal especializado para atender la crisis en regiones severamente golpeadas como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, la Cancillería priorizó inicialmente el envío de insumos físicos.
En un comunicado emitido en la mañana del 12 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue explícito al solicitar. “Priorizar hospitales de campaña, kits de alimentación, aseo o hábitat, insumos para agua, saneamiento, higiene, kits de cocina y de menaje”, señaló.
Esta orientación, que dejaba por fuera el desembarco inmediato de rescatistas internacionales, generó el reclamo de diversos sectores. Frente a esto, el canciller Bula se pronunció la tarde del mismo 12 de agosto durante una transmisión en vivo para precisar el alcance de las gestiones diplomáticas:
“Hemos trabajado sin parar para coordinar los ofrecimientos de ayuda humanitaria de muchos países. Nos han ofrecido ayuda en este momento crítico. No hemos excluido a absolutamente ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”
afirmó el canciller
En el marco de estas coordinaciones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la formalización de las solicitudes de apoyo presentadas por Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador. Sin embargo, las explicaciones oficiales contrastan con la postura de otros gobiernos de la región.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que, si bien Colombia aceptó los cargamentos de asistencia técnica y material, no se autorizó el ingreso de la brigada de rescate mexicana debido a trabas procedimentales: “Pidieron certificación por parte de Colombia. Ellos están certificados (los rescatistas mexicanos). Ahora piden otra certificación, por ahora estamos llevando aviones Hércules con ayuda humanitaria”, señaló la mandataria mexicana.
El aspecto de las acreditaciones ha abierto una nueva discusión sobre los criterios de selección. Una investigación realizada por la revista Cambio reveló que El Salvador —uno de los países cuyo apoyo de rescate fue avalado— no aparece en el directorio de equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de INSARAG, el organismo de las Naciones Unidas encargado de certificar a estas brigadas a nivel mundial.
Frente a estas discrepancias, el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, explicó a Cambio las condiciones bajo las cuales se autoriza la llegada de personal a la zona de desastre. “La ayuda externa depende de dos condiciones: el aval del gobierno propio y una acreditación internacional”
dijo.
En medio de la emergencia, la claridad en las reglas y la agilidad en los trámites resultan fundamentales para garantizar que la solidaridad internacional se traduzca de forma efectiva en vidas salvadas sobre el terreno.
