Durante la tarde del pasado 30 de abril, las calles de Pacho, Cundinamarca, se convirtieron en el escenario de una protesta pacífica liderada por habitantes de diversas zonas del municipio. La movilización surgió como respuesta directa al proceso de actualización catastral que se adelanta a nivel nacional y que, tras la llegada de los recibos del impuesto predial, ha generado una ola de indignación por lo que la comunidad califica como “cobros excesivos”.
Aunque la jornada derivó en una mesa de diálogo con el alcalde Carlos Díaz, el balance dejó un sabor agridulce: hubo respuestas institucionales, pero pocas soluciones de fondo debido a que la responsabilidad mayor recae en el orden nacional. La marcha, que congregó a aproximadamente 120 personas, recorrió las principales vías del casco urbano bajo consignas que exigían un tributo “justo y equitativo”.
La manifestación culminó frente a la sede de la Alcaldía Municipal, donde, a través de un pliego de peticiones a micrófono abierto, la vocera Adriana Guerrero expuso las pretensiones del comité promotor. Entre los puntos principales se exigió que los avalúos correspondan a la realidad física, jurídica y económica de los predios, siguiendo estrictamente los lineamientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), además de solicitar canales de atención eficaces y una mesa de trabajo que considere la capacidad adquisitiva de los habitantes.
Ante la presión ciudadana, el alcalde Carlos Díaz accedió a un encuentro en el que aseguró que su administración “ha dado la cara a la gente” y subrayó que, desde el 21 de abril, se gestionó una oficina de recepción con profesionales del IGAC para tramitar las reclamaciones. Como resultado de este acercamiento, se pactó una mesa técnica para realizar una revisión focalizada en sectores como los barrios El Sucre, Juan Pablo, Villa María y Colinas I, así como en todas las propiedades horizontales y terrenos que transitaron de suelo rural a urbano.
Pese a los avances en la interlocución, el tema de las tarifas sigue siendo el punto de mayor fricción, ya que Guerrero informó que la administración no puede comprometerse a una reducción generalizada debido a impedimentos jurídicos y administrativos de orden superior. Finalmente, el gobierno local se comprometió a actuar como interlocutor directo ante el IGAC para aumentar el personal técnico en el municipio, buscando agilizar las solicitudes de revisión que hoy mantienen en vilo a cientos de familias pachunas.
