Hernán Tovar, poseedor de un terreno en la vereda Bojacá desde 2015, asegura que su proyecto de vida fue destruido tras una cuestionada declaración de espacio público que beneficiaría a un proyecto urbanístico. Lo que en 2015 comenzó como un sueño de emprendimiento para Hernán Tobar y su esposa, en el municipio de Chía, se ha transformado en una pesadilla jurídica que hoy lo tiene en la quiebra económica y con graves afectaciones familiares. El terreno, que ha sido su sustento por casi una década, es hoy el epicentro de una disputa legal que involucra a la administración municipal y a la constructora Exalta.
La controversia radica en la naturaleza jurídica de la tenencia del predio. Tobar adquirió la posesión del terreno de 556 metros cuadrados y desde entonces, ejerció sus derechos primero como arrendatario y luego como propietario poseedor. Sin embargo, el panorama cambió cuando la constructora Exalta inició negociaciones con el municipio de Chía. Ante la negativa de Tovar de vender su predio a la constructora, ésta habría acordado con la Alcaldía entregar ese mismo terreno como parte de las “cesiones obligatorias” de espacio público derivadas de su licencia de construcción.
El punto más crítico de la denuncia presentada por la abogada defensora de Tobar, Martha Molina, señala que, el 31 de diciembre de 2021, se firmó una escritura pública donde el predio pasaba a ser del municipio. No obstante, alegan que dicha cesión es legalmente inexistente en la práctica. “Para que un predio se consolide como espacio público, además de la escritura, se debe hacer la entrega formal y material. Esa entrega (material) no se ha realizado porque el predio está en pleito”, señala Molina.
A pesar de este “limbo jurídico”, en julio de 2022 una inspección de policía ordenó el cese de actividades económicas en el lugar, bajo el argumento de que Tovar estaba “perturbando” el espacio público. Tovar relató a este medio con visible afectación cómo el desalojo y el cierre de su negocio lo han dejado “manicruzado, endeudado y reportado en los bancos”. El comerciante califica la situación como una mala diligencia de las autoridades para favorecer, presuntamente, los intereses de un tercero.
“Nos quitaron ese sueño a merced de ellos. Es increíble que esto pase en Chía y nadie responda. Sé que hay más casos como el mío, pero la gente no denuncia”, afirmó, exigiendo una solución justa ante lo que considera una vulneración sistemática de sus derechos patrimoniales.
La exigencia de Hernán y su abogada hacia la actual administración, liderada por el alcalde Leonardo Donoso, es clara: mediar para que la constructora Exalta compense la sesión de espacio público de otra manera, ya sea mediante un pago en dinero o con un predio equivalente que no afecte a terceros.
Según Molina, es deber legal del municipio reclamar a la constructora y “resiliar” la escritura pública actual, dado que la entrega material, pieza clave para la constitución del espacio público, nunca se consolidó. La defensa de Tovar sostiene que en el expediente de la inspección de 2022 no se individualizaron los linderos del área supuestamente “perturbada”, lo que viciaría el procedimiento de desalojo ejecutado.
Mientras el proceso avanza en los estrados, el terreno permanece como símbolo de una batalla entre un pequeño comerciante y el desarrollo urbanístico de la Sabana, bajo la sombra de una pregunta que aún no tiene respuesta oficial clara: ¿Cómo se puede declarar como espacio público un predio que aún cuenta con un poseedor legítimo y un proceso legal vigente?
