El pasado 31 de octubre, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aumentó el control y vigilancia sobre las actividades mineras que se desarrollan en la provincia de Ubaté. La corporación ordenó la suspensión inmediata de actividades mineras en el municipio de Cucunuba.
Después de visitas situadas en las veredas Pueblo viejo y La Ramada, la CAR verificó que las explotaciones en esos dos lugares no contaban con los instrumentos ambientales, con las licencias ambientales, planes de manejo, concesiones de agua y permisos de vertimiento.
“Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos e iniciamos los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los infractores y los aplicaremos a demás terceros que resulten responsables, conforme a la normatividad vigente”, afirmó el director de la regional CAR Ubaté, Julio César Sierra León.
Estas inspecciones permitieron establecer los impactos ambientales que tenían esta explotación minera en la cuenca del río de Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá y sobre el terreno evidenciando la cobertura vegetal y la capa superficial fértil, afectando el pasaje y la flora de la región. Según la corporación, esto favorece la erosión, deslizamientos y hundimiento del terreno.
Durante la inspección se encontró aceites usados, combustibles y lubricantes en el suelo directo, adicionalmente la superficie de las casetas operativas no estaban impermeabilizadas ni sistemas de acueductos para manejo de derrames.
Afectaciones que genera la minería ilegal
La Sentencia T455, proyecto de investigación científica y sociológica sobre los impactos de la minería ilegal genera graves afectaciones ambientales, especialmente en los ecosistemas de montaña, como los bosques subandinos, altoandinos y las zonas de páramo, que son fundamentales para el equilibrio natural.
Entre sus principales consecuencias está la contaminación de fuentes hídricas por sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, además del arrastre de sedimentos que pueden afectar el abastecimiento de agua de las comunidades y los acueductos.
También provoca alteraciones en los cauces de los ríos y quebradas, deterioro en el suelo así como la pérdida de coberturas boscosas, biodiversidad y hábitats naturales de especies de flora y fauna. Estas intervenciones no solo transforman el paisaje, sino que ponen en riesgo ecosistemas estratégicos y los recursos naturales de los que dependen las comunidades.
Por tal motivo, la CAR continuará realizando las inspecciones que buscan la protección ambiental y control de las actividades que generen un impacto en las comunidades o zonas de la región.
