El más reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Candidatas y Candidatos al Congreso de la República 2026 , reveló que no solo el 60,5% de las candidaturas bajo la lupa se concentran en cuatro partidos tradicionales, sino además en comparación con informes anteriores, viene crecimiento el número de candidaturas cuestionadas. Con investigaciones judiciales vigentes, vínculos con clanes políticos o con estructuras burocráticas, varias figuras buscan ocupar un escaño en el legislativo el próximo 8 de marzo.
Según el monitoreo del Plan Maestro de Seguimiento Electoral de la Fundación Pares, de los 3.144 candidatos inscritos, 195 presentan cuestionamientos serios que van desde investigaciones por peculado y fraude hasta nexos con estructuras de parapolítica y el escándalo de Odebrecht. El informe destaca una preocupante tendencia: la persistencia de los “clanes políticos” que, lejos de desaparecer, han logrado ubicar a 78 de sus fichas en las listas de aspirantes, lo que representa el 40% de los casos documentados. La distribución de estas candidaturas evidencia una crisis de integridad en las colectividades tradicionales.
El Partido Liberal encabeza la lista con 33 candidatos cuestionados, seguido muy de cerca por el Partido Conservador con 32, el Partido de la U con 29 y Cambio Radical con 24. Estos cuatro partidos agrupan a la mayoría de los señalados, consolidando un dominio de estructuras que, según el informe, afectan el futuro de la democracia al facilitar la cooptación del Estado. “Se evidencia un incremento en el número total de candidatos cuestionados a lo largo y ancho del país… situación que debe llevarnos a reflexionar sobre el tipo de candidaturas que estamos aceptando como sociedad”, advierte la fundación en sus conclusiones.
Entre los perfiles de los 195 candidatos cuestionados, se encuentran figuras con procesos abiertos como David Alejandro Barguil (Partido Conservador), actualmente investigado por tráfico de influencias, ausentismo y por presuntas recomendaciones políticas de puestos burocráticos durante la administración de Iván Duque. Al menos siete integrantes de este partido están dentro de los 50 candidatos cuestionados más relevantes, como Miguel Ángel Barreto, mencionado en el escándalo de “Las Marionetas”, entre otros.
Por su parte el Partido Centro Democrático destaca con tres integrantes, entre los que se encuentran: José Vicente Carreño (con presuntos señalamientos de vínculos con estructuras narcoparamilitares), Oscar Villamizar (presunta ocupación de predio que le correspondía a campesinos desplazados por la violencia, entre otros cuestionamientos) y Álvaro Uribe Velez (presuntos nexos con el paramilitarismo, presunta corrupción, entre otros)
Lidio García Turbay (Partido Liberal), investigado por presuntos nexos con las AUC, así como tres integrantes más del mismo partido, se encuentran dentro de la lista. También resalta el fenómeno de la “puerta giratoria”, donde herederos de clanes como los Gnecco, Char o Besaile buscan mantener el poder regional desde el Capitolio. Sobre esto, Pares señala que “las garantías de una competencia ‘sana’ quedan en entredicho cuando los contratos y los puestos comienzan a tener injerencia en el voto ciudadano”.
No se quedan atrás dos integrantes del partido Pacto Histórico que también ingresaron a la lista. Más prominente entre ellos es Pedro Hernando Flórez, casado con Karina Torres, sobrina de Euclides Torres, jefe máximo del Clan Torres. Según el informe, Flores opera como alfil de Euclides Torres al interior del Congreso. También aparece David Ricardo Racero, quien tiene investigaciones abiertas en la Corte y la Procuraduría por presuntamente utilizar la contratación de la cámara para favorecer la estructura política de su tío José Luis Mayorga.
El informe no solo cumple una función informativa, sino que busca actuar como una herramienta de sanción social. Aunque todos los mencionados gozan de la presunción de inocencia, la recopilación de sus antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios pretende generar una opinión pública informada. La fundación concluye que su labor es aportar al debate con el fin de “estudiar la captura del Estado por parte de poderes regionales que afectan el futuro de la democracia”. Con las cartas sobre la mesa, la decisión final quedará en manos de los colombianos el próximo domingo 8 de marzo. Si desea conocer la lista completa de los cuestionamientos, ingrese aquí.
