Hace alrededor de 30 años, más específicamente en 1993, el exconcejal de Bogotá y candidato al Congreso de la República, Mariano Enrique Porras, mientras realizaba su su carrera política, ilusionaba mediante la promesa de vivienda a más de 200 familias en distintas partes del país, como Tuluá, los Llanos Orientales, Bogotá y en la también conocida “capital salinera de Colombia”, Zipaquirá. Es en este lugar donde se encuentran los protagonistas de esta historia.
Con la esperanza de una vivienda y confiando en la buena fe de Porras Buitrago, algunas familias de Zipaquirá accedieron al proyecto de vivienda de interés social UNIR, que consistía en la venta de unos lotes ubicados en el barrio El Prado. Fue así que, ingenuamente, ellos depositaron en la cuenta bancaria de Porras cifras que oscilaban entre cincuenta mil y un millón de pesos colombianos. Estos rubros provenían de ahorros y de actividades sociales, como bazares y eventos que organizaba la comunidad y, además, eran incentivadas por el mismo Mariano Porras. A pesar de esto, los dueños originales de los lotes, la familia Navas, aseguran nunca haber recibido el dinero que habían acordado con el exconcejal por dichos terrenos. De esta manera, las sumas pagadas por esas familias zipaquireñas terminaron únicamente en los bolsillos del timador. Pese a que en 1996 fue capturado por delitos de estafa, la estadía de Porras en prisión fue corta y poco se sabe de él después de haber sido dejado en libertad. Es así que, los habitantes de los lotes Algarra Navas sufren, hasta el día de hoy, las consecuencias de los engaños de Porras.
Un carnet con las palabras de Porras, dado a uno de los compradores.
Tiempo después de ser descubierto el fraude, los dueños originales y los compradores de las tierras se enfrentaron en litigios legales que dieron como resultado el fallo a favor de la familia Navas, lo que significaba que los habitantes de la asociación de vivienda de Ciudad Jardín debían desalojar los predios. El plazo máximo para cumplir con la diligencia era el 22 de abril del 2020, no obstante, debido a la pandemia del COVID-19 no se pudo llevar a cabo en esa ocasión, porque no se contaban con los protocolos de bioseguridad necesarios. A partir de ese momento, se llevaron a cabo varios intentos de desalojo los cuales fracasaron debido a tecnicismos.
El proceso se postergó hasta el pasado 11 de noviembre de 2021, fecha en la que los habitantes de Ciudad Jardín estuvieron en incertidumbre desde primeras horas de la mañana. Alrededor de las 7:00 a.m. ya estaba haciendo presencia, en los predios, la fuerza pública (policía y ESMAD) con el propósito de llevar a cabo, después de tanto tiempo, la diligencia de desalojo. Los habitantes de Ciudad Jardín, en cabeza de la líder Johanna López Saavedra, pusieron resistencia frente al proceso oponiéndose a salir de sus casas asegurando innumerables motivos, entre estos la falta de un lugar a donde ir y todas las personas en condición de vulnerabilidad que hacen parte de esa comunidad. “Tenemos ancianos, tenemos gente con discapacidades neuronales que piden a gritos ayuda de Zipaquirá”, mencionó Saavedra en una reunión de concejo llevada a cabo el 22 de julio del 2021.
Las 13 familias directamente afectadas en compañía de muchos ciudadanos zipaquireños, quienes en muestra de apoyo se acercaron al barrio pese a todas las restricciones impuestas por la fuerza pública, vivieron con angustia cada uno de los minutos transcurridos durante el adelanto de la diligencia.
A su vez, representantes de Instituciones municipales como la Personería, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría Provincial y el juez se reunieron en un puesto de mando unificado (PMU), a puerta cerrada, en el salón comunal del barrio El Prado para discutir la situación concerniente a los ocupantes del terreno Algarra Navas. En la reunión se llegó a la decisión de aplazar nuevamente la diligencia de desalojo debido a cuestiones logísticas, al parecer no se garantizó el acceso al predio ya que no había cerrajero.
Minutos después, y en medio de la alegría de los habitantes de Ciudad Jardín, la fuerza pública se retiró del lugar y los servicios públicos, que habían sido suspendidos para continuar con la diligencia, fueron restablecidos.
Eufórica por lo acontecido, Saavedra, en compañía de los concejales Juan Guillermo Gutiérrez y Eduard Sarmiento Hidalgo, quienes estuvieron presentes durante el proceso, aseguraron tener una solución para que los habitantes de Ciudad Jardín no pierdan sus casas y de paso el trabajo, que para muchos ha sido el trabajo de toda una vida. De acuerdo a las declaraciones del concejal Sarmiento la solución consiste en un “Proyecto de Acuerdo” que busca que se declare el terreno de Ciudad Jardín como asentamiento humano ilegal para que pase a figurar como terreno de interés público, de esta forma el municipio puede adquirir los predios y completar el proceso de legalización con los habitantes de dicha zona; pero, para que esto sea posible, el alcalde de Zipaquirá deberá presentar el proyecto ante el Concejo municipal para que pueda ser aprobado. “Estamos solicitando la ayuda a gritos del alcalde y del concejo”, aseguró Saavedra y agregó que “este “Proyecto de Acuerdo” es la salvación de nuestras casas.” Es importante recalcar que, debido al impacto fiscal del proyecto, el alcalde es el único que está en facultad de presentarlo.
Irónicamente, horas después de la angustia que se vivió en Ciudad Jardín, en medio del drama y las múltiples inconformidades del pueblo zipaquireño por la administración del alcalde Wilson García, el mandatario solicitó un permiso para salir del país y dirigirse a un evento de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones IAAPA EXPOR 2021 que se llevará a cabo en Orlando, Florida, Estados Unidos. Increíblemente, 14 de los concejales consideraron prudente otorgarle este permiso, dándole luz verde para salir del país durante seis días, a pesar de opiniones como la del concejal Sarmiento, quien dijo: “Estamos en una situación complicada que requiere acciones urgentes del alcalde, como lo concerniente a Ciudad Jardín, las protestas en Pasoancho, los problemas de seguridad, una temporada de lluvias que está acabando con las vías… No es un buen momento para que el alcalde viaje.”
Por otra parte, la incertidumbre e intranquilidad continúan en el ambiente y en los moradores de Ciudad Jardín como en el caso de Juan Nieto, él ha vivido de primera mano esta historia que parece nunca acabar. “Estamos estresados, llevamos dos años sin poder dormir…Nosotros somos poseedores de buena fe”, declara Nieto.
Aunque el tiempo sigue pasando y no se ha dado solución a esta situación, esperemos que los habitantes, de esta comunidad de Ciudad Jardín, no tengan que quitar ladrillo a ladrillo los muros de sus viviendas, para decirle a los indiferentes al mejor estilo de La estrategia del caracol: “Ahí tiene su hijueputa casa pintada”.
Véase también crónica “Somos Ciudad Jardín” https://www.youtube.com/watch?v=WasE5Bnvbu0
