Un nuevo conflicto ha surgido ante los tribunales mientras Cambio Radical demanda la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel, una acción que plantea un desafío directo al gobierno de Gustavo Petro.
El partido de oposición encabezado en su dirección por Germán Córdoba Ordoñez, argumenta que el gobierno nacional se habría “extralimitado al imponer por vía de acto administrativo, una sanción internacional sin autorización legal” al no estar del todo comprobado que el carbón colombiano sea usado con fines militares en Israel.
El pasado dos de octubre, este partido anunció que demandó ante el Consejo de Estado los decretos del Gobierno Nacional (1047 de 2024 y 949 de 2025) que prohibieron la exportación de carbón a Israel. De acuerdo con lo expuesto por este partido, la demanda buscaría, en primer lugar, una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos del decreto e impedir la consolidación de perjuicios económicos y sociales mientras se decide de fondo. Según Córdoba, “la determinación del Gobierno es ilegal e inconstitucional porque excede las competencias del Ejecutivo y afecta gravemente la economía nacional”.
Dentro de los argumentos de la demanda están la presunta extralimitación del gobierno “al imponer vía acto administrativo, una sanción internacional sin autorización legal”. Tal decisión, según el comunicado oficial de este partido, estaría falsamente motivada porque “no existe soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano sea usado con fines militares en Israel y que configura desviación de poder al emplear facultades económicas para propósitos de política exterior y presión diplomática”.
Por otro lado, el partido aseguró que los principios de proporcionalidad también se verían vulnerados, pues habrían medidas menos graves que una prohibición total, por lo que argumentan afectar “de manera grave el orden económico y social al golpear exportaciones, empleo, regalías y la estabilidad de las regiones productoras”
Finalmente, la denuncia realizada reconoce que el recurso judicial está apoyado por la normas de la Constitución Política que delimitan las competencias del presidente y reservan al Congreso la facultad de adoptar sanciones de política exterior. Además de reconocer las cifras del DANE que evidencian la dependencia de las exportaciones hacia Israel, especialmente en el sector carbonífero, el recurso judicial se convierte en un llamado de atención sobre los riesgos de decisiones unilaterales que, según sus críticos, podrían poner en juego tanto la estabilidad económica de las regiones productoras como la credibilidad internacional de Colombia. “Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, señaló Córdoba Ordóñez.
¿Por qué el primer mandatario tomó esa decisión?
El pasado 30 de agosto la presidencia de la república anunció la entrada en vigor del decreto 0949 del 28 de agosto en la que establece la prohibición estricta y sin excepciones a las exportaciones hacia Israel. La decisión que estuvo respaldada por la ministra de Comercio Industria y Turismo, Diana Marcela Morales; la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, está principalmente motivada por en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Según el comunicado oficial por parte de la Presidencia de la República, dentro de la parte considerativa del decreto está, como principal argumento, que “desde el 18 de marzo de este año Israel aumentó su ofensiva belica contra el pueblo palestino, gnerando un nuevo esclamiento del conflicto”
