La historia de Catalina Giraldo, una mujer de 30 años y psicóloga de profesión, quien ha estado cerca de diez años en tratamientos psicológicos, 40 esquemas farmacológicos distintos y con tres ciclos de terapia electroconvulsiva, que no le han generado mejoras sostenidas, ha abierto en el país una conversación profunda sobre la posibilidad de muerte digna a través del suicidio medicamente asistido (AMS) y la legislación que gira alrededor de ello.
DescLab, firma de abogados que trabajan en la defensa de “derechos humanos emergentes” ha acompañado a Catalina en lo que ellos denominan una “paradoja jurídica”, que, en otras palabras, es también un vacío normativo en la sentencia de la Corte Constitucional C-164 de 2022 en la que se despenalizó la AMS y sus efectos inmediatos. La discusión se centra en que lo que ha padecido Giraldo, “no opera en el terreno de la crisis ni la impulsividad; opera en el ámbito de la enfermedad grave e incurable”, señala DescLab.
El padecimiento de Giraldo, no ha sido menor. Su profesión ha permitido que conozca perfectamente su diagnóstico, sus límites y su historia clínica. Ha sido diagnosticada con Trastorno Depresivo Mayor Severo y persistente, Trastorno Límite de la Personalidad y Trastorno de Ansiedad no especificado. Lleva más de diez años adherida a tratamientos, donde ha probado 40 esquemas farmacológicos distintos y tres ciclos de terapia, que, según señala la firma, no han mostrado una mejora sostenida y en donde ha tenido cerca de nueve hospitalizaciones psiquiátricas por crisis agudas.
Catalina, quiere morir dignamente, sin dolor y sin que su muerte sea violenta. La vida que ella lleva actualmente, según su relato en DescLab, “es de sufrimiento constante: con insomnio persistente, pesadillas, opresión en el pecho, agotamiento físico, deterioro cognitivo, efectos adversos de medicamentos y pérdida de memoria”. Es un dolor que ella tampoco quiere trasladar a su familia. Su mamá, manifestó en entrevista a Juan David Laverde de Noticias Caracol que, aunque la decisión de su hija le cause dolor, la apoya. “Cómo no voy a acompañarla a partir, cuando su vida físicamente le es imposible vivir un día sin sufrimiento, y cuando yo la ayude a llegar a este planeta. Yo no puedo vivir feliz viéndola sufrir”, dijo.
De allí, que Giraldo en octubre de 2025, presentó una solicitud de AMS ante la EPS Sanitas, solicitud que fue negada. Este procedimiento, a diferencia de la eutanasia, consiste en que la persona pueda obtener el farmaco para que, ella misma, pueda interrumpir su vida. Segun alegó Sanitas, este tipo de procedimiento no ha sido regulado en Colombia, y para la firma que ha acompañado este caso inédito en Colombia, la negativa no tuvo en cuenta ese factor vulnera el acceso a derechos fundamentales, como el derecho a morir dignamente.
“Estamos ante la misma situación que se vivía con la eutanasia: un derecho reconocido por la Corte que no puede ejercerse porque el Ministerio de Salud y el Congreso no han tenido la voluntad de reglamentarlo”, defiende DecLab. De manera que, el Caso de Giraldo, que es el primero en Colombia, abre un discusión sumamente profunda no solo sobre cómo se está abordando actualmente la salud mental en el país, que es en esencia mediante con un enfoque principalmente preventivo (es decir, se convierte en la única respuesta posible ante la solicitud de morir), sino también sobre qué tan dispuesto está el Estado y la sociedad para que hacer efectiva el AMS en el derecho a morir dignamente.
“Negar la posibilidad de la asistencia no elimina el problema; simplemente lo desplaza y deja a la persona sin un marco seguro, acompañado y protegido”, advierte DescLab. Esa defensa que la firma ha liderado desde 2022, cuando logró despenalizar la asistencia médica al suicidio, espera hoy que la Corte Constitucional lo garantice como un mecanismo para ejercer efectivamente el derecho a morir dignamente.
