El pasado jueves 15 de mayo, en el municipio de la Calera, Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR) realizó audiencia pública para definir si renueva o no la concesión de agua subterránea a la sociedad Industria Nacional de Gaseosas S.A INDEGA, conocida comercialmente como Manantial, filial de Coca Cola.
Esta planta embotelladora fue construida en 1981, en la vereda Santa Helena en la Calera Cundinamarca y es una de las siete que tiene Coca Cola en Colombia. Su concesión inició en 1984 y se ha venido renovando cada 10 años, con la autorización de extraer 3,23 litros por segundo, que es hasta el momento lo que se viene solicitando a través de la Corporación Autónoma Regional (CAR). Su última concesión se venció en diciembre del año pasado y para evaluar las razones de su aprobación o no, se brindaron mecanismos como esta audiencia pública en la que se escucharon a los representantes la planta, defensoría del pueblo y comunidad interesada para manifestar sus inquietudes y puntos de vista de cara a la posible prórroga de esta concesión.
La discusión inició en agosto de 2024, en pleno fenómeno de El Niño, cuando varios habitantes de este municipio expresaron las maniobras que debían realizar por la falta del suministro del agua en las veredas Buenos Aire Bajo y Santa Helena. La revista Vorágine, en su investigación “La Calera: agua para Coca-Cola y Bogotá, pero no para su gente”, afirmó que en algunas de las comunidades de estos sectores venían con racionamientos de agua. “La temporada seca, sin embargo, los obligó a un racionamiento en el que solo pudieron abrir las válvulas cinco horas y media al día”, y en otros sectores la situación empeoró porque ni siquiera les llegó agua “la crisis en Santa Helena fue más dura porque sus habitantes tuvieron que sacar plata para comprarle agua a la empresa de servicios públicos del municipio”, como se menciona en la revista, mientras que la planta embotelladora tenía acceso en cantidades industriales, lo que abrió el debate sobre un posible acaparamiento de agua en este municipio.
En septiembre del 2024, en entrevista para la Revista Semana, el director de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Alfred Ballesteros, aclaró que la captación de agua por parte de esta planta no corresponde a ninguna fuente hídrica directa, sino que se abastece de siete manantiales que tributan la quebrada San Lorenzo, asegurando además que “se ha especulado mucho en redes sociales y se ha querido desinformar diciendo que por esta concesión es que el embalse no se llena, que por culpa de esta concesión es el racionamiento. Pero no, no tiene nada que ver desmintiendo que las razones directas de que aquel racionamiento esté relacionado con la captación de agua de esta empresa.
Sin embargo, con base a las diferentes situaciones de racionamiento que atravesó no solo este municipio sino también el municipio aledaño, Bogotá, se suscitó cuestionamientos sobre los costos para el uso industrial que tiene esta empresa, teniendo en cuenta la oferta y la demanda del recurso hídrico en La Calera.
¿Qué pasó en la audiencia y cuáles fueron las conclusiones?
Alrededor de 500 personas se reunieron en la finca Los Trujillos, en la vereda Santa Helena, en la que intervinieron aproximadamente 324 asistentes, entre los que se encontraban organizaciones indígenas, ambientales, sindicatos, trabajadores de la planta y expertos en la materia. Por supuesto que entidades como la Procuraduría General de la nación, el alcalde de la Calera y la Defensoría del Pueblo intervinieron por derecho propio durante esta audiencia.
Esta última, en representación de Andrea Cuervo, realizó un llamado a todas las partes para reconocer el derecho que se consagra en la constitución sobre el uso prioritario que tiene el agua “nadie puede subsistir sin agua, entonces los de arriba aun cuando tengan empleo y no tienen agua, de nada va a servir su empleo”, indicó Cuervo, a su vez afirmó que “es un falso dilema, porque la empresa tampoco puede subsistir sin agua por que es su materia prima”, concluyendo que es importante realizar un balance en el que todas las partes resulten beneficiadas.
Durante la intervención de INDEGA S.A.S, en representación de Hernando Salazar, presentó las generalidades del sistema de captación, la distribución de agua, el proceso de embotellamiento y otros. Pero quizá, el punto más importante de su intervención fue la presentación del estudio hidrológico realizado por Hidrogeocol S.A.S, en la que se expusieron aclaraciones sobre los puntos de captación de agua, en los que se explicó que no corresponden a la zona de recarga del sistema Chingaza, y tampoco de la quebrada San Lorenzo (principal fuente hídrica del municipio).
Sin embargo, la Corporación TerraE, otro de los intervinientes, presentó un estudio que, según ellos, no representaba un conflicto de interés. Iván Santiago Guarín, ingeniero ambiental, expresó que “si se hizo un estudio, el primero que se presentó, no hay coincidencias con los 3-4 estudios que han armado y que hoy presentaron”. Así mismo, Laura Barreto, ingeniera civil, mencionó que “en la zona no existe un monitoreo sistemático de los caudales de la quebrada San Lorenzo ni en las zonas medias y altas (…) lo cual impide saber con certeza si estas quebradas dependen o no de las aguas subterráneas”, por lo que sugirieron a la CAR se realice un nuevo estudio en el que se evalúen todas las variables y los impactos ambientales que podrían tenerse.
Finalmente, la audiencia culminó con el compromiso de la CAR de analizar detenidamente las intervenciones y evidencias presentadas, para tomar una decisión informada y equitativa. Reafirma el derecho de las comunidades a un ambiente sano y a la gestión responsable de los recursos naturales, pero también tiene en cuenta los derechos que adquieren las empresas al tener el recurso hídrico como su principal materia prima.
