El 4 de marzo de 2025 marca un hito en la política ambiental de Colombia con la promulgación de la **Ley 2450**, una norma que pretende enfrentar uno de los contaminantes más invisibles y menos regulados: el ruido. La nueva legislación establece los **objetivos, lineamientos y responsabilidades** para crear una política nacional de **calidad acústica**, y distribuye competencias específicas entre los entes territoriales, autoridades ambientales y de policía.
“Alteración del ambiente con ruidos o vibraciones nocivas, molestas o no deseadas, que impactan en la salud, la calidad de vida y que implican un riesgo para la salud pública o degradan la calidad del ambiente en sus diferentes medios” secretaria de movilidad de Bogotá
Hasta ahora, la contaminación acústica había sido abordada de manera fragmentada y secundaria dentro de otras normativas ambientales. Sin embargo, con esta ley, el país reconoce formalmente que el ruido no solo afecta la tranquilidad pública, sino que constituye un riesgo real para la salud física y mental de las personas, además de deteriorar el medio ambiente.
Objetivos y propósito de la Ley
Esto implica establecer estándares de referencia para los niveles de ruido permisibles en diferentes entornos (urbanos, rurales, industriales, residenciales), así como definir mecanismos de prevención, control y sanción ante el incumplimiento de dichos parámetros.
De fondo, la ley busca proteger la salud humana, preservar el bienestar comunitario y cuidar los ecosistemas naturales frente a los efectos nocivos del ruido, como trastornos del sueño, estrés crónico, pérdida auditiva y enfermedades cardiovasculares, así como contaminación sonora altera el comportamiento de la fauna silvestre.
Durante el debate en el Congreso, la senadora María Fernanda Londoño, una de las impulsoras del proyecto, afirmó “Colombia necesitaba con urgencia una política robusta contra la contaminación acústica. El ruido no es solo una molestia, es un problema de salud pública que afecta el bienestar físico, emocional y social de millones de colombianos. Esta ley sienta las bases para ciudades más habitables y humanas”.
Responsabilidades y competencias
Uno de los aportes más relevantes de esta ley es la distribución de funciones claras entre los diferentes actores del Estado.
Los entes territoriales, como departamentos, municipios, distritos deberán diseñar y ejecutar planes locales de gestión del ruido, incorporándolos en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y políticas de desarrollo sostenible.
Para establecer los estándares, las autoridades ambientales tendrán la tarea de monitorear y evaluar la calidad acústica de sus respectivas jurisdicciones. También deberán expedir regulaciones específicas, adelantar estudios técnicos y ejercer labores de control y sanción en casos de incumplimiento.
Las autoridades de policía serán las encargadas de hacer cumplir las normas de ruido en la vida cotidiana, mediante la aplicación de comparendos ambientales, medidas correctivas y, en casos graves, la suspensión de actividades generadoras de ruido excesivo.
Este enfoque multinivel reconoce que la contaminación acústica es un fenómeno que varía según las dinámicas locales y, por tanto, requiere respuestas diferenciadas y articuladas.
Un cambio cultural y técnico
La **Ley contra el Ruido** también plantea un desafío cultural y técnico. No basta con establecer normas; será necesario desarrollar campañas de educación y sensibilización ciudadana para fomentar comportamientos responsables en cuanto a la generación de ruido, especialmente en actividades comerciales, de entretenimiento, construcción y transporte.
Por otra parte, las entidades públicas deberán fortalecer sus capacidades técnicas, adquiriendo equipos de medición adecuados, formando personal especializado en acústica ambiental y actualizando sus instrumentos de planeación.
Asimismo, la ley abre la puerta a la creación de zonas de protección acústica en áreas sensibles como hospitales, colegios, parques naturales y zonas residenciales, donde los niveles de ruido permitidos serán aún más estrictos.
Impacto esperado y retos de implementación
Si bien la promulgación de la Ley 2450 es un paso positivo, su efectividad dependerá de la voluntad política, la asignación de recursos y la coordinación entre niveles de gobierno. También será fundamental la participación activa de la ciudadanía, las empresas y la sociedad civil.
Entre los principales retos está, evitar que la norma quede en letra muerta por falta de implementación efectiva,lograr una articulación real entre autoridades ambientales y de policía,superar las barreras técnicas y financieras y regular sectores tradicionalmente ruidosos como el transporte, el comercio nocturno y la construcción sin afectar de manera injusta la actividad económica.
En todo caso, la Ley 2450 posiciona a Colombia en un escenario más moderno y responsable frente a los retos de la calidad ambiental urbana. De su aplicación rigurosa dependerá que, en los próximos años, ciudades y territorios puedan ofrecer a sus habitantes un entorno más saludable, tranquilo y sostenible.
