El Ministerio de Salud expidió el pasado 10 de marzo, la Resolución 347 de 2026, que obliga a todas las entidades del sistema a implementar protocolos de atención inmediata, detección temprana y seguimiento continuo para personas en riesgo, estableciendo un plazo de cinco meses para su adopción total en el territorio nacional.
En un paso significativo para la salud mental en el país, el Gobierno Nacional oficializó la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida. Esta normativa, firmada en Bogotá este 10 de marzo, busca transformar la respuesta institucional ante situaciones de ideación o intento de suicidio, garantizando que el sistema de salud actúe de manera coordinada con sectores educativos, laborales y comunitarios. El núcleo de esta norma es la implementación del denominado “Código Dorado”, un protocolo de emergencia que asegura una valoración prioritaria y humanizada, eliminando las barreras administrativas que históricamente han dificultado el acceso a servicios de psiquiatría y psicología en momentos críticos.
La nueva regulación no se limita a la atención en hospitales, sino que extiende su alcance a los entornos donde transcurre la vida cotidiana de los ciudadanos. Bajo un enfoque territorial, la resolución ordena fortalecer la identificación de riesgos en colegios, empresas, escuelas deportivas y comisarías de familia, involucrando activamente a líderes comunitarios y organizaciones religiosas como parte de una red de alerta temprana. Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfatizó que esta estrategia “permitirá activar de manera inmediata al sistema de salud y garantizar una respuesta oportuna, humanizada y sin barreras frente a situaciones de ideación o intento de suicidio”
Según el Ministerio de Salud, operativamente, el Código Dorado funcionará como una hoja de ruta obligatoria para EPS e IPS, incluyendo medidas como el tamizaje obligatorio mediante instrumentos especializados, el registro nominal en el sistema de vigilancia SIVIGILA para evitar que los casos se pierdan en la burocracia y la habilitación de canales de teleorientación digital. Además, sectores como el Ministerio del Trabajo, las ARL y el sector Justicia deberán articularse para incidir en los determinantes sociales que afectan la salud mental. La Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de vigilar que cada actor cumpla con estos lineamientos, castigando la falta de atención o la negligencia en el seguimiento de los pacientes.
Con el inicio del cronograma de cinco meses para la implementación plena de estos protocolos, Colombia busca consolidar un modelo de salud mental preventivo y resolutivo. El éxito de la Resolución 347 de 2026 dependerá de la capacidad de las entidades territoriales para estandarizar sus servicios clínicos y de la eficacia con la que se logre integrar a la comunidad en el cuidado de la vida.
