El pasado 09 de Marzo del 2026, La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el concejal de Funza, Guillermo Andrés Castro Rozo, por su presunta injerencia irregular en un operativo vial ocurrido en 2025. Según el ente de control, el funcionario habría utilizado su investidura para frenar la imposición de un comparendo a un familiar que conducía un vehículo de propiedad del cabildante.
Los hechos bajo investigación señalan que, durante el procedimiento por estacionamiento indebido, Castro Rozo se presentó en el lugar de los hechos identificándose como concejal. Acto seguido, inició una transmisión en vivo por redes sociales en la que aseguró ser víctima de una presunta “persecución política”.
Para el ente de control, “dicha acción no estaba relacionada con funciones de control político ni políticas públicas, sino con un interés personal vinculado a su familia”. Por el contrario, el pliego de cargos sostiene que Castro Rozo actuó motivado por un interés personal y familiar, desviando la naturaleza de su cargo para beneficio propio.
La entidad calificó la conducta, de manera provisional, como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo. El argumento central del Ministerio Público es que el cabildante habría vulnerado los principios de moralidad administrativa, al ejercer presión sobre una servidora pública y afectar la autonomía de la agente de tránsito en el ejercicio de sus funciones.
Con esta decisión, el proceso entra en una etapa definitiva donde se evaluará si el uso de las redes sociales y la investidura pública fueron herramientas para coaccionar a la autoridad vial. De confirmarse la falta, el concejal podría enfrentar sanciones que van desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Al respecto, el concejal Castro se pronunció este miércoles a través del medio local Bacatá Funza, calificando como “subjetiva” la acusación formulada por la Provincial de Instrucción de Facatativá. Según su relato, aunque él es el propietario del vehículo, no era quien lo conducía al momento del operativo. Detalló que, cuando la agente Ana María Serinza Cortez solicitó los documentos a su acompañante, esta intentó presentarlos en formato digital.
Ante la presunta negativa de la funcionaria de aceptar los soportes digitales, la conductora se desplazó a una papelería cercana para imprimirlos, dejando bajo custodia del concejal a un menor de dos años que también se encontraba en el automóvil. Castro sostiene que la decisión de la agente de solicitar una grúa antes de que los documentos físicos fueran entregados desató en él una “indignación ética y moral”.
En respuesta a lo que consideró un procedimiento apresurado, el cabildante inició una transmisión en Facebook, acción que justificó como una denuncia ante una presunta “persecución política”, argumentando que la agente conocía de antemano su identidad.
