El Concejo Municipal de Zipaquirá aprobó, con 15 votos a favor, uno en contra y uno sin respuesta, el Proyecto de Acuerdo 012 de 2025, que adiciona $12.198.000 millones al presupuesto general del municipio. Los recursos se destinarán principalmente a fortalecer la infraestructura educativa y el desarrollo rural, en línea con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal.
Esta adición presupuestal se suma al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo 008 de 2024 y proviene de excedentes de la Catedral de Sal, el recaudo de la actualización catastral y el Fondo de Desarrollo Rural. Entre los proyectos priorizados se destacan la construcción y mejora de comedores escolares, aulas en instituciones educativas y el mantenimiento de la malla vial rural, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades urbanas y rurales.
Durante el debate en Comisión, los concejales resaltaron el impacto estratégico de esta inversión para resolver necesidades históricas de infraestructura. Aunque hubo reparos sobre la destinación de algunos recursos, el articulado fue aprobado en bloque, evidenciando un amplio consenso político.
En sesión de plenaria, la concejala Luz Ángela González Salamanca dejó constancia sobre la asignación de $1.000.000 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, provenientes de los excedentes de la Catedral de Sal. “Para mí no hubo plena claridad sobre ese presupuesto. Espero que la secretaria Lorena (de Desarrollo Económico y Turismo) nos demuestre en los controles políticos que estos recursos serán bien invertidos y generarán resultados para la comunidad”, expresó.
Por su parte, el concejal Danilo Riaño defendió su voto a favor, haciendo énfasis en las necesidades rurales. “Sabemos del mal estado de los caminos rurales, agravado por las lluvias. La construcción de placas huella es clave, y espero que se prioricen sectores que llevan años sin intervención de las administraciones municipales”, señaló.
Según la secretaria de Hacienda, Litzy Estella Chávez, esta adición no implica nuevos impuestos ni mayor gasto fiscal, sino una reconfiguración de recursos existentes gracias al incremento en el recaudo rural y a una mejor gestión financiera.
La administración municipal proyecta que esta inversión tendrá un impacto directo en la calidad educativa, el bienestar de las comunidades rurales y la generación de oportunidades para los jóvenes, fomentando un desarrollo más equilibrado y sostenible en el territorio.
