En un fallo que pone fin a uno de los capítulos más dolorosos registrados recientemente en el departamento de Boyacá, un juez penal de conocimiento condenó a 45 años de prisión a Daniel Josué Zambrano Cáceres. Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Seccional Boyacá, con apoyo de personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Nacional, dan cuenta de que el 16 de enero de 2025, el hoy sentenciado abordó a la menor de edad en vía pública y mediante engaños la trasladó a bordo de un vehículo a Nariño (Boyacá). El sentenciado aceptó su responsabilidad en el abuso sexual, asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo de una menor de edad.
Los hechos que conmocionaron a la comunidad de Chiquinquirá ocurrieron el pasado 16 de enero de 2025. Según el acervo probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, Zambrano Cáceres abordó a la víctima, una niña de tan solo 9 años, en plena vía pública. Mediante engaños, logró trasladarla en un vehículo particular hacia el municipio de Nariño, Boyacá.
La investigación liderada por una fiscal de la Seccional Boyacá, con el apoyo del CTI y la Sijin de la Policía Nacional, determinó que durante el trayecto el hombre agredió sexualmente a la menor y, posteriormente, le causó la muerte por asfixia. Con el fin de borrar las huellas del delito, lanzó el cadáver a las aguas del río Minero, donde fue recuperado por las autoridades cinco días después.
El vehículo utilizado en el crimen fue una pieza clave para la resolución del caso. Las autoridades lo ubicaron en un taller de latonería y pintura donde el agresor pretendía ocultar la evidencia. Sin embargo, los peritos judiciales hallaron fluidos biológicos y otros rastros que fueron validados científicamente por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Ante la contundencia de las pruebas, Zambrano Cáceres aceptó voluntariamente los cargos por feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo. Además de la pena en centro carcelario, el juez le impuso una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de funciones públicas. Debido a que ninguna de las partes interpuso recursos, la sentencia quedó en firme.
