Con el objetivo de promover una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía, se creó la Ley Estatutaria 273 de 2024 (Senado)- 157 de 2023 (Cámara), la cual estaba a la espera del aval por parte de la Corte Constitucional dada su naturaleza como Ley Estatutaria.
El proyecto establece una serie de condiciones para divulgar la información de su legislatura. Entre ellas, un informe de gestión anual, que deberá contener entre otras cosas, lo siguiente:
- Redacción en lenguaje claro, con formato de datos abiertos
- Los proyectos de ley y/o los proyectos de acto legislativo del cual fue autor o ponente, preposiciones, constancias, debates de control político, mociones de censura promovidos.
- Audiencias, mesas técnicas, viajes internacionales realizados bajo su función como congresista, entre otros.
- Gestión ante las entidades del orden nacional y organismos de control de cada
Así mismo, los congresistas se verán obligados a realizar convocatorias de espacios de diálogo público, luego de 30 días de presentar el informe ante la secretaría general, con la finalidad de difundir a la ciudadanía el trabajo realizado por los congresistas.
Si bien la mayoría del articulado fue aprobado, el parágrafo 4 del artículo 4 y el artículo 8, fueron declarados como inconstitucionales. Por su parte, el parágrafo eliminado pretendía garantizar acceso libre y gratuito a medios públicos y comunitarios para la difusión de sus informes, al respecto, la sala determinó que esa disposición no cumplía con el denominado juicio de necesidad, que exige plena justificación para cualquier intervención de este tipo.
Frente al artículo 8, que imponía a los congresistas asumir la responsabilidad de los recursos económicos para realizar los espacios de diálogo público, la Corte señaló que no es admisible trasladar esa carga a los parlamentarios o a las bancadas, ya que deben tener respaldo institucional.
De esta manera, el proyecto deberá modificarse teniendo en cuenta los cambios realizados por la Corte antes de ser enviado nuevamente al Congreso de la República, luego pasará a sanción presidencial.
