La Contraloría de Cundinamarca anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el municipio de Sopó por una suma de $6.738.390.635, vinculada a presuntas irregularidades en el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial.
Según el ente de control, mediante el Auto 088 del 3 de diciembre de 2025, se determinaron fallas graves en la ejecución del Convenio Interadministrativo D-VC-2022-0010, el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para que se efectúe el mantenimiento, mejoramiento y/o construcción de la malla vial del municipio de Sopó en el Departamento de Cundinamarca”, ejecutado en vigencias anteriores.
La entidad fiscalizadora señaló que, tras una inspección técnica, se evidenciaron “faltantes de obra, deficiencias de calidad y debilidades en la planeación, seguimiento y control del proyecto”, subrayando que las inconsistencias detectadas abarcan desde diferencias en las cantidades de obra hasta documentación que no coincide con la ejecución real en el terreno.
Ante este pronunciamiento, la Alcaldía de Sopó emitió un comunicado aclarando que el proceso no surge de una auditoría de rutina, sino de una acción directa de la gestión actual. La administración municipal precisó que el proceso fiscal “tiene origen en una denuncia interpuesta por la actual alcaldesa de Sopó, Fabiola Muñoz Rodríguez, como resultado del ejercicio responsable de revisión y verificación realizado durante el proceso de empalme administrativo”. La denuncia fue radicada el pasado 29 de abril de 2025 bajo el expediente D-290/2025, buscando que los entes de control determinen las responsabilidades sobre los recursos que podrían configurar un daño patrimonial para el municipio.
Mientras la Contraloría enfatiza que su vigilancia “permite detectar fallas y adoptar las medidas correspondientes” para proteger el patrimonio público, el gobierno local de Sopó ratificó su disposición para colaborar con la investigación. “La alcaldesa ha reiterado su compromiso con la transparencia y el respeto por los principios de legalidad, motivo por el cual acudió de manera directa a los entes de control”, afirmó la administración municipal.
Este caso se suma a otros resultados reportados por la Contraloría en el departamento, que incluyen la recuperación de fondos por comparendos prescritos en Madrid y correcciones financieras en Paime y Nimaima, consolidando un balance de actuaciones fiscales en Cundinamarca durante el cierre de 2025.
