La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, radicó el pasado cuatro de marzo una intervención formal ante el Consejo de Estado para defender la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal mensual para el año 2026. A través de este documento, la entidad busca frenar las pretensiones de una acción de nulidad que cursa en la Sección Segunda del alto tribunal, argumentando que cualquier suspensión o anulación de la norma generaría un escenario de desprotección y vulnerabilidad para los derechos fundamentales de millones de trabajadores y sus familias en todo el país.
En su intervención, la Defensora sostiene que la fijación del salario mínimo no debe ser vista exclusivamente desde un análisis de variables macroeconómicas, sino como una herramienta esencial para garantizar la dignidad humana y el mínimo vital. “Esto implica que, en el conflicto entre la estabilidad monetaria y la suficiencia de ingresos para una vida digna, la Constitución privilegia lo segundo, obligando al Gobierno a motivar sus decretosbajo esta óptica de derechos humanos”, señala Ortiz en el informe.
Enfatizó, además, que el decreto demandado se ajusta a los estándares nacionales e internacionales, cumpliendo con la obligación del Estado de asegurar una remuneración justa que permita cubrir las necesidades básicas de la población. Para la Defensoría, los argumentos de los demandantes, encabezados por Carlos Francisco Soler Peña, no logran desvirtuar la presunción de legalidad de la norma. “La Defensora del Pueblo encuentra que la motivación del Decreto cuestionado frente al criterio prevalente y con rango constitucional del salario vital, aunada a la ponderación con los otros criterios definidos en el artículo 8 dela Ley 278 1996, muestran que se ajusta a las normas superiores invocadas como violadas”, señala.
La Defensoría advierte que suspender los efectos del incremento salarial provocaría un retroceso en los derechos sociales ya adquiridos, contraviniendo el principio de progresividad establecido en los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. “La fijación del salario mínimo constituye un parámetro que impacta transversalmente las condiciones de vida de amplios sectores de la población, incluidos hogares dependientes de ese ingreso, madres y padres cabeza de hogar, personas a cargo de niños, niñas y adolescentes, o adultos mayores”, advierte.
Con este respaldo jurídico, la Defensora del Pueblo hace un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general y se proteja la base económica de la clase trabajadora colombiana. La decisión final queda ahora en manos del alto tribunal, que deberá ponderar los argumentos técnicos de los accionantes frente a la postura de la Defensoría, la cual insiste en que proteger el salario mínimo de 2026.
