En un contundente operativo contra los delitos ambientales, la Fiscalía General de la Nación logró la desarticulación de ‘Los Leñadores’, una organización delictiva responsable de la extracción y comercialización ilícita de madera en zonas de protección de Cundinamarca y Boyacá. La red operaba bajo una sofisticada fachada de legalidad, utilizando documentación y permisos falsificados a nombre de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Según la investigación, los implicados habrían provocado daños irreparables en ecosistemas estratégicos, afectando la biodiversidad y alterando los ciclos naturales en áreas de especial importancia ecológica como la cuenca del Río Bogotá.
La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente judicializó a cinco presuntos integrantes de la banda, entre ellos empresarios señalados de blanquear el origen de la madera desde establecimientos comerciales en municipios como Tausa. “Una fiscal imputó a estas personas los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, daño en los recursos naturales y ecocidio”, se lee en el comunicado de prensa de la Fiscalía.
Durante las diligencias, las autoridades lograron la incautación de 920 metros cúbicos de madera que estaban listos para ser distribuidos en municipios como Zipaquirá, Cajicá, Ubaté y Facatativá, lo que representa un golpe significativo a las finanzas de esta red criminal.
“No eran guardianes del bosque. Eran su peor amenaza. Con documentación falsa y permisos inexistentes, esta red delincuencial intentó hacer pasar la tala como desarrollo”, señaló Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca en su cuenta de X, tras el operativo. Ante estas acciones, las autoridades locales de Cundinamarca han sido enfáticas en que la vigilancia sobre los recursos naturales se intensificará para evitar que grupos criminales sigan atentando contra el patrimonio ecológico de la región.
La gravedad del daño ambiental ha sido el eje central de la acusación, destacando que los capturados no solo talaban indiscriminadamente, sino que ocupaban áreas protegidas por el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA). “Lo que se establece por la Fiscalía en las labores investigativas es que de las acciones de esta organización por este grupo de personas se ha generado un grave impacto ambiental en el departamento de Cundinamarca, mediante la tala indiscriminada de árboles, que ha ocasionado la pérdida de varios ecosistemas, afectando la biodiversidad y alterando los ciclos naturales de los bosques, pérdida de hábitats naturales para la fauna silvestre y disminución y la capacidad de absorción de dióxido de carbono por parte de los bosques, erosión del suelo y aumento del riesgo de riesgos de desastres naturales como avalanchas y deslizamientos”. agregó la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos.
Por decisión de un juez de control de garantías de Bogotá, cuatro de los implicados, incluidos los coordinadores de la logística y transporte, deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Entre los judicializados figuran Pedro Rodolfo Torres Espitia, señalado de coordinar la transformación de la madera, y Alba Janet Espitia, representante legal de una empresa utilizada para dar apariencia de legalidad al producto. “En Cundinamarca, quien atente contra nuestros recursos naturales tendrá de frente a las instituciones, a la ley y a una comunidad que no permite que se talen sus raíces”, sentenció el mandatario departamental.
