Cada 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas sitúa en el centro a las personas despojadas de su libertad y a las familias que enfrentan una búsqueda permanente marcada por la incertidumbre. Más que una efeméride en el calendario, esta fecha, establecida en 2010 por la Asamblea General de la ONU, constituye un acto de memoria y un reclamo global contra una de las violaciones más profundas a los derechos humanos.
La desaparición forzada se configura cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada por agentes estatales o grupos que actúan con su aval, seguida de la negativa a revelar su paradero. Al sustraer a la víctima de la protección de la ley, se vulneran de forma sistemática sus derechos a la libertad, a la integridad personal, a la identidad y a la vida. Sin embargo, la naturaleza de este delito no concluye en la persona desaparecida: está diseñada intencionalmente para infundir terror en las comunidades y paralizar a la sociedad.
El impacto más lacerante recae sobre los familiares, quienes viven en un estado de angustia prolongada al no saber si sus seres queridos continúan con vida. A la conmoción emocional se suman graves consecuencias materiales: la desaparición del principal sostén económico sume a los hogares en la precariedad y la marginación. Son predominantemente las mujeres, madres, esposas e hijas, quienes lideran la búsqueda de la verdad, quedando expuestas a la estigmatización, la violencia de género, las amenazas y la persecución.
En Colombia, según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, “se registran 132.877 casos de personas desaparecidas antes de 1 de diciembre del 2016 en hechos relacionados con el conflicto armado” siendo los departamentos de Antioquia (25.794 registros), Meta (8430) y Valle del Cauca (8219) con mayor número de personas dadas por desaparecidas.
Lejos de ser un vestigio de las dictaduras del siglo pasado, esta práctica se mantiene presente en conflictos armados actuales, disputas territoriales y dinámicas de represión política. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas, ha señalado que existe un marco normativo que cuando este delito se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, se clasifica como un crimen contra la humanidad y es, por tanto, imprescriptible.
“Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, establecen que cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una «desaparición forzada», ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá”, señaló la ONU.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas recuerda que la búsqueda no se detiene y que el derecho de las familias a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos es inalienable. La fecha exige que la justicia prevalezca sobre la impunidad para garantizar que ningún ser humano vuelva a ser borrado de la sociedad.
