Luego de la rueda de prensa presidida por el Secretario de Transparencia de la presidencia de la República, Andrés Idárraga, en la que expuso los hallazgos realizados en meses de investigación sobre el presunto volteo de tierras realizado en la concesión Accenorte, la Agencia Nacional de Infraestructura se pronuncia, desmintiendo afirmaciones de la Secretaría de Transparencia, mientras que Idárraga, mantiene las afirmaciones realizadas.
Según Idárraga, estas presuntas irregularidades se habrían presentado entre los años 2000 y 2016, período en el que no solo se evidenciaron vacíos y omisiones administrativas por parte de distintas entidades, sino también la ausencia de estudios técnicos que respaldaran el proyecto de la Troncal de los Andes, además de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el que habrían cambios del uso del suelo también sin soporte técnico ni concertación, razón por la que, según esta secretaría, habrían un presunto fenómeno de modificación con fines de lucro urbanístico y el cual habría sido aprobado de manera exprés en su momento por el Concejo Municipal de Chía. Este mismo POT, ajustado en 2016, es el que actualmente permanece suspendido por orden de un juez de la República.
Ante esto, la ANI manifestó “que no existe ninguna ilegalidad en la entrega de bienes inmuebles por parte de las entidades territoriales para la ejecución de proyectos de infraestructura del transporte, pues los predios no se consideran como un desembolso de recursos públicos”. Además, precisó que “los bienes inmuebles no son erogaciones del Tesoro, ni recursos del presupuesto del municipio de Chía y, en consecuencia, no se considera desembolso de recursos públicos para los proyectos de infraestructura. Por tanto, la cesión de predios del municipio de Chía no desnaturaliza la esencia de la Iniciativa Privada”.
A propósito de este pronunciamiento, Idarrága se pronuncia hoy, primero de septiembre, y sostiene que “mantiene y respalda con documentos y análisis jurídicos sus conclusiones sobre el proyecto Accenorte”, dijo a través de su cuenta en X. En el comunicado oficial de esta secretaría, Idarraga responde las afirmaciones de la ANI sobre la posible ilegalidad en la entrega de inmuebles mencionando que “lo que se cuestiona es que, en el caso de Chía, los bienes cedidos eran de uso público, con destinación exclusiva a vías locales según el POT y se entregaron gratuitamente para una obra regional y nacional” dijo.
Sobre los hallazgos de la falta estudios técnicos y planeación, la ANI fue contundente y precisa que esa afirmación no es cierta, “en su etapa precontractual, la Iniciativa Privada surtió las etapas de prefactibilidad y factibilidad en las que se realizó un estudio integral del alcance de las intervenciones y del modelo financiero” para lo cual, la secretaría respondió: “Los propios estudios de conveniencia y oportunidad del citado Convenio 019 de 2017 con el que se entregaron los predios, señalan que los diseños definitivos se realizaron en fase de preconstrucción por el concesionario, por lo que en etapa de factibilidad no había estructuración financiera real de la UF3 con los predios de Chía, ni estudios técnicos completos”.
Precisamente, frente al Convenio Interadministrativo N.º 019 de 2017 entre la ANI y el Municipio de Chía mediante el cual, según la ANI, la Alcaldía se comprometió a entregar a título gratuito el 90% de los predios necesarios para la ejecución de Variante Chía, y con el fin de ejecutar una obra de mayor envergadura, se suscribió este convenio para mejorar el alcance inicialmente previsto. Sin embargo, los hallazgos de la secretaría de transparencia hablan de “una redistribución de recursos para cubrir mayores cantidades de obra no previstas ni planificadas, desconociendo lo establecido en el contrato de concesión sobre el manejo de remanentes. Además, el convenio se firmó sin que existiera validación técnica de la interventoría sobre los diseños de detalle”, afirma el comunicado de prensa de la secretaría de transparencia.
Finalmente, el comunicado de la ANI sobre las afirmaciones de que se entregaron bienes que está «usufructuando» un privado, la entidad aclaró dos aspectos del asunto. Primero, los bienes no serán destinados a actividades de explotación económica del Concesionario, sino a la construcción de infraestructura de transporte, cuyos únicos beneficiarios son los ciudadanos. Además, la Variante Chía no ha podido ser construida y entregada, motivo por el cual, el Concesionario no ha percibido la retribución correspondiente a la Unidad Funcional 3. Al respecto, la secretaría manifestó que en 2024 “el peaje de los Andes ya había recaudado más de $887 mil millones de pesos, siendo necesario que aclare al país: ¿si los rendimientos de esas sumas no están siendo percibidas por el concesionario, a qué se están destinando?”. A pesar de estos pronunciamientos y hallazgos, será la Fiscalía General de la Nación quien finalmente determine no solo la veracidad de los pronunciamientos de la Secretaría de Transparencia, sino además la responsabilidad de las entidades y personas involucradas.
