En una medida que profundiza el endurecimiento de los controles migratorios bajo la administración de Donald Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, afecta a diversas naciones de África, Asia y América Latina, incluyendo explícitamente a Colombia, Brasil y Cuba, entre otros.
La decisión se fundamenta en una estricta interpretación de la cláusula de “carga pública”, permitiendo al gobierno pausar la entrega de residencias permanentes a ciudadanos de naciones cuyos migrantes, según las métricas de la administración, presentan un alto riesgo de depender de los servicios del Estado. Esta restricción se aplica exclusivamente a las visas de inmigrante (aquellas que otorgan la residencia o Green Card). Por el momento, las visas de no inmigrante, como las de turismo, negocios o estudios, permanecen operativas bajo los protocolos habituales.

El Departamento de Estado justificó la medida como una acción necesaria para proteger los recursos fiscales del país y garantizar que los nuevos residentes sean autosuficientes. En un comunicado oficial, el portavoz de la dependencia, Tommy Pigott, señaló: “La administración está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense”.
The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people.
— Department of State (@StateDept) January 14, 2026
Asimismo, la entidad subrayó que la pausa será utilizada para realizar una auditoría profunda de los criterios de selección. “El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para prevenir la entrada de ciudadanos extranjeros que tomarían asistencia social y beneficios públicos”, añadió el organismo.







