La concejala bogotana, Clara Sandoval, del partido liberal, presentó ante el Concejo de Bogotá el proyecto 340 de 2025, el cual pretende ser un complemento de la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal (RIAS), pero detrás un lenguaje ambiguo, aspira integrar en él una solicitud de examen psicológico para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuestión, que sería inconstitucional con la sentencia C-055 de 2022, según organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.
Se trataría del proyecto “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer” que tiene como ponentes al concejal Julian Forero de Colombia Renaciente y a Giovanni Barrios de Centro Democrático, que buscaría crear acciones para “atender, proteger, acompañar y garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”. Hace especial énfasis en atención prioritaria en salud mental, teniendo en cuenta 5 factores diferenciales entre las que se destacan: las diferentes etapas de gestación, parto y postparto; atención a víctimas de violencia intrafamiliar, embarazo temprano y pacientes con antecedentes de traumatismo psicológico grave.
Si bien el proyecto contiene un conjunto de medidas para proteger los derechos de las mujeres gestantes, organizaciones como Mesa Por la Vida o Causa Justa, advierten que “este proyecto insiste en poner barreras inconstitucionales al acceso al aborto y desconoce lo establecido por la corte”, afirma Mesa por la Vida a traves de su cuenta de instagram. Específicamente se trataría del artículo 3 de este proyecto de acuerdo que, de ser aprobado en segundo debate, exigiría a la administración distrital establecer “mecanismos y estrategias intersectoriales de acompañamiento psicosocial y comunitario, con énfasis en salud mental, dirigidos a las mujeres, madres y gestantes caracterizadas en alto riesgo de padecer dificultades materno perinatales o recurrir a la IVE”. “La iniciativa (…) obligaría a todas las mujeres con un “embarazo en crisis” a pasar por servicios psicosociales”, dijo Laura Pedroza, una abogada del Área de Incidencia Política de Mesa Por la Vida. Agregó, además que esto podría constituir “una barrera, porque equipara el aborto a una enfermedad de salud mental. Las razones por las cuales las mujeres acceden a la interrupción voluntaria del embarazo son diversas y todas son válidas”.
¿Qué dice la sentencia C-055 DE 2022 y por qué este proyecto de acuerdo podría afectar a las mujeres de la sabana?
Esta sentencia además de ser histórica, amplió el rango para poder acceder al derecho del aborto, dejándolo en un plazo de 24 semanas. Reconoció, además, que el delito del aborto es ineficaz, injusto y discriminatorio, porque afecta principalmente a las mujeres en contextos de mayor vulnerabilidad y no hace que las mujeres desistan de practicarse un aborto. Por el contrario, con esta sentencia, lo que se logró fue que todas las mujeres, personas no binarias y hombres trans, tuvieran plenas garantías por parte del Estado para acceder al aborto de forma segura.
Ahora, a falta de un debate en el Concejo de Bogotá para que pase a sanción por parte del Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galan, el proyecto 340, según Pedroza. “No solo tendría un impacto distrital, sino también nacional. Muchas mujeres, niñas, adolescentes, personas gestantes y migrantes son remitidas a Bogotá debido a la infraestructura en salud de la ciudad para acceder al aborto. Por lo tanto, la medida podría generar problemas de salud pública e incluso aumentar la mortalidad materna” dijo en entrevista para Voces Francas. De manera que, estas organizaciones han realizado un llamado urgente al Concejo de Bogotá para que se archive el proyecto 340 y se reconozca la jurisprudencia constitucional.
