Durante el debate realizado el 22 de septiembre, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes habló sobre las llamadas y mensajes no autoridades en establecimientos penitenciario. La ministra de las TIC, Alexandandra Falla Zerrate, anunció al gobierno nacional sobre trabajar en ajustes en los protocolos establecidos en el Decreto 0851 de 2024.
Este proyecto busca regular las comunicaciones no autorizadas al interior de los centros penitenciarios, articulando con los proveedores de redes y servicios de telecomunicación en conjunto con las autoridades. Durante el debate se planteó la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer las herramientas disponibles para identificar el origen de las comunicaciones.
“El Ministerio está revisando el cambio de protocolos porque creemos que parte del problema está en identificar de dónde sale la comunicación y qué mecanismos tecnológicos se utilizan”, señaló la ministra TIC.
Durante la deliberación se trataron temas claves como la creación de mesas de trabajo con los ministerios TIC y de Justicia para definir bases de seguimiento para medidas más efectivas. A esto se suma el trabajo del Ministerio TIC y la CRC que toman medidas para regular y dificultar el envío de textos utilizados para extorsiones y otros delitos realizados desde el centro penitenciario.
El ministro de Justicia, Iván Canciano, explicó que la problemática del uso ilegal de celulares en los establecimientos penitenciarios debe ser abordada de manera articulada entre el Ministerio de Justicia, el INPEC, la USPEC, el Viceministerio de Política Criminal, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación,
Por consiguiente, el Ministerio de las TIC avanza con Meta y operadores de servicio móviles, para plantear acciones que permitan actuar desde las mismas aplicaciones.
Las acciones anunciadas por el Gobierno también buscan mejorar la capacidad de las autoridades para identificar de dónde provienen los mensajes y establecer una mayor trazabilidad de las comunicaciones.
Las entidades involucradas realizarán seguimiento continuo a las medidas implementadas y deberán evaluar sus resultados para posteriormente presentar información al Congreso de la República y a la ciudadanía.
Con estas medidas el Gobierno busca revisar de manera integral los mecanismos tecnológicos y administrativos que permitan impedir que las comunicaciones no autorizadas continúen siendo utilizadas para actividades delictivas.
