Luego de que el alcalde de Chía, Leonardo Donoso anunciara la medida de restricción total de vehículos de carga pesada en el municipio de Chía, y que iba a entrar en vigencia el 15 de octubre, inició una serie de acusaciones, mesas de diálogo, acuerdos y desacuerdos con el gremio transportador que a hoy no concluye. Sin embargo, Donoso dijo modificar la resolución y aplazar la medida para el 10 de noviembre. Mientras que los transportadores acordaron suspender el paro, planeado para el 10 de octubre.
Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? El pasado 4 de septiembre, en el marco del Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito y Transporte, realizado en Valledupar. El alcalde de Chía anunció la decisión de restringir el tránsito de vehículos de carga de más de 3.4 toneladas en el municipio.
“Como alcalde junto con mi equipo de trabajo tomé la decisión de expedir el primer pico y placa de carga del país, permitiendo que circularan vehículos de carga por dos dígitos al día, gestionando la salida de más 50% de la carga que transita en Chía, pero dicha medida se ha quedado corta y me lleva a tomar esta decisión. Aprovecho la invitación que me hace la Federación de Municipios para anunciar que a partir del 15 de octubre habrá restricción total de vehículos de carga, eso sí garantizando el abastecimiento del comercio y demás actividades económicas del municipio de Chía”, dijo en ese momento.
La reacción inmediata de los transportadores fue mostrar su inconformidad, organizando protestas que no se llevaron a cabo por priorizar las mesas de diálogo con la administración municipal.
Hubo una mesa en particular que fue escalando en el tono y no se llegó a acuerdos. Se trata de la reunión que fue convocada el 22 de septiembre por el Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior, para tratar las inquietudes de los transportadores. Según la publicación de la Alcaldía de Chía, en esta mesa, Donoso reiteró que la solución de fondo no depende ni de los transportadores ni de la administración municipal, sino del Gobierno Nacional y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). “Ustedes están defendiendo sus intereses y es legítimo. Yo estoy defendiendo los de mi comunidad. Pero seamos claros: la única salida real es que el Gobierno tramite y autorice la modificación de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 3 de la Troncal de Los Andes”, aseguró.
Esa reunión finalizó con Donoso y su equipo de trabajo, levantándose de la mesa sin un acuerdo con el gremio transportador, pues mantuvo su posición de que la responsabilidad para mejorar la movilidad del municipio recae sobre el Gobierno Nacional y lo que él considera es la paralización de las obras. “Cuando parecía avanzar con la audiencia pública de modificación de licencias, esta fue suspendida, al parecer tras las denuncias presentadas por el Secretario de Transparencia Andrés Idárraga. “Este no es un tema de recursos, es un tema de voluntad política y celeridad administrativa. Mientras tanto, los transportadores y ciudadanos pierden más de una hora en la Avenida Pradilla, una vía de apenas 830 metros, que une a dos concesiones viales. Eso no es calidad de vida para nadie”, enfatizó el alcalde.
Después, el gremio anunció un nuevo paro para el 10 de octubre, es decir, cinco días antes que la entrada en vigencia de la restricción total de vehículos de carga. Pero, el 8 de octubre se informó por parte de la sociedad concesionaria Accenorte, la convocatoria a autoridades municipales, departamentales, a la CAR, comunidades interesadas, entre otras, para continuar con el proceso de participación en el proyecto “Construcción Troncal de los Andes”, y de esa manera llevar a cabo la Audiencia Pública el 9 de noviembre, la cual busca conceder licencia o permiso ambiental para continuar con este proyecto.
Esta audiencia ya había sido prevista, pero se suspendió en septiembre por posibles nuevos hallazgos de cuerpos de agua en Canal Proleche y el Humedal San Jacinto, además de las declaraciones realizadas por la Secretaría de Transparencia de la República en la que se anunciaba un presunto fenómeno de volteo de tierra en este proyecto y la presunta omisión de antecedentes técnicos por parte de la CAR. Una vez revisadas las respuestas de la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la empresa de Accesos Norte de Bogotá S.A.S, la autoridad ambiental determinó que existían los elementos suficientes para reanudar el proceso, por lo que reprogramó la Reunión Informativa y la Audiencia Pública Ambiental.
Tras el anuncio, la Alcaldía de Chía publicó un video en Facebook, en el que Donoso dijo que por esa razón suspendida la decisión. “Como alcalde y con el secretario de Movilidad, hemos tomado la decisión de que la entrada en vigencia de la restricción, la aplazaremos hasta el 10 de noviembre, una vez tengamos los resultados de la audiencia”, expresó. En el mismo vídeo, dijo estar acompañado del Comité Gremial de Transportadores de Chía, quienes según el mandatario “aglutina más del 85% del aparato productivo del gremio de carga” agregó además que “el resultado es lograr que la obra nuevamente se active y sea una realidad”. Así mismo, la Gerente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Juliana Bejarano, manifestó que “hemos llegado a la conclusión de que una propuesta de restricción de carga no se va implementar por el momento. Estamos dispuestos a seguir construyendo y a participar en las diferentes audiencias que se han abierto desde la ANLA para que esa Troncal de los Andes sea una realidad”.
Luego, el gremio transportador también se pronunció, a través de un comunicado de prensa, anunció la suspensión del paro “En aras de la confianza y la buena voluntad del sector transporte de carga, y conscientes del impacto que una movilización puede generar en la comunidad y en los propios transportadores, hemos decidido suspender temporalmente la actividad de protesta programada para el día 10 de octubre de 2025 a las
4:00 a.m., manteniéndonos en estado de asamblea permanente y atentos al desarrollo de los compromisos institucionales”, se lee.
Además, el comunicado hace unas solicitudes específicas para la administración municipal. “Exigimos una aclaración pública por parte del señor Alcalde sobre sus declaraciones respecto a la supuesta representación mayoritaria del gremio [ya que para ellos, no es cierto que haya contado con el 85% de su representación]; solicitamos una disculpa formal y un llamado de atención institucional al Secretario de Tránsito por su actitud irrespetuosa hacia nuestra representante; requerimos la instalación urgente de una mesa de trabajo real, transparente y participativa, con presencia de las organizaciones aquí firmantes, que sí representan a la mayoría del gremio transportador independiente; demandamos respeto y reconocimiento institucional hacia el trabajo, la autonomía y la representatividad legítima del sector camionero independiente, se lee en el documento firmado por cuatro organizaciones: Fuerza Camionera de Colombia, EduCamión, Asociación Andina de Carga Liviana y ASOTRANSCUND.
