El pasado 19 de agosto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación para el 2026, un proyecto por $556,9 billones que requerirá la aprobación de una ley de financiamiento por $26,3 billones, equivalente a una reforma tributaria diseñada para sostener el plan de gasto.
Según el jefe de la cartera, Germán Ávila Plazas, el país enfrenta un nivel sin precedentes de inflexibilidad en el gasto público. “Para 2025 estas rigideces alcanzaron el 93.7% del presupuesto y para 2026 llegarán al 91%, lo que limita la capacidad de maniobra del Gobierno en materia de inversión y nuevas políticas”, dijo.
Por esa razón, el presupuesto asciende a 556 billones de pesos, de los cuales 509 billones son de carácter inflexible. Entre los principales rubros inflexibles están los siguientes:
- El servicio de la deuda representa 102 billones de pesos, equivalentes al 18.4% del total.
- El Sistema General de Participaciones se llevará 88.3 billones de pesos (15.9%), mientras que las pensiones representarán 87 billones (15.7%).
- Los gastos de personal, por su parte, suman 66.7 billones de pesos, de los cuales el 81% corresponde a sectores estratégicos como defensa, Policía, rama judicial y Fiscalía.
- En salud, el aseguramiento alcanza 51 billones de pesos (9.2%), mientras que los establecimientos públicos nacionales comprometen 28 billones (5.1%).
- Las vigencias futuras, fundamentalmente en obras de infraestructura, representan 15.3 billones (2.7%), y las rentas de destinación específica, 19 billones.
En ese sentido, Ávila dijo que si se intentara realizar un ajuste inmediato para cumplir con la regla fiscal, equivalente al 3.6% del Producto Interno Bruto, se paralizaría el aparato estatal. “Ese ajuste significaría una reducción de 1.8 puntos porcentuales en el crecimiento económico el primer año y de 0.6 en el segundo”, explicó.
Según el ministro, el hueco fiscal se origina principalmente por los subsidios a los combustibles, ya que entre 2022 y 2025 el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) generó un gasto fiscal de 79.6 billones de pesos. “Este subsidio, que equivale a más de tres reformas tributarias, es uno de los más regresivos, porque beneficia a sectores con vehículos automotores sin distinción de ingresos”, dijo. Y continúo, argumentando que a ello se suman los subsidios a la energía, que han significado 18.2 billones de pesos adicionales, y los gastos extraordinarios asumidos durante la pandemia.
Por su parte, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo: “En consecuencia, la programación del PGN (Presupuesto General de la Nación) de 2026 debería marcar el inicio de una senda de ajuste fiscal que asegure, en el mediano plazo, la sostenibilidad de la deuda pública, la cual, desde la crisis sanitaria de 2020, se mantiene en niveles muy elevados”. Lo que quiere decir, que el emisor considera necesario la adopción de “un pacto fiscal que permita incrementar los ingresos tributarios y disminuir el gasto inflexible proveniente de algunas partidas contempladas previamente en diferentes leyes”.
A lo que el ministro Ávila subraya que el desafío de este presupuesto es “preservar la sostenibilidad macroeconómica y al mismo tiempo garantizar la protección del gasto social prioritario, con una programación presupuestal que permita sostener el crecimiento económico y el recaudo tributario”.
Luego de presentado el proyecto del PGN 2026 por el ministro, el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático radicó una proposición en contra del propósito del Gobierno, pues busca recortar $39.5 billones del Presupuesto General. Dicha proposición fue firmada por varios congresistas, entre los que se encuentra la Representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Katherine Miranda, lo que causó una discusión en X sobre el tema.
La Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, acusó a Miranda de traicionar al pueblo colombiano. “La congresista que traicionó al pueblo colombiano @KatheMirandaP hoy firma con el Centro Democrático una proposición para reducir el Presupuesto General de la Nación 39.5 billones, esto equivale a casi todo el presupuesto de min defensa [sic] y todas las universidades públicas. Además que impide aumentar en casi un 6% la inversión social, un 7.8% las transferencias destinadas a las regiones y del 19% al sector salud. Háganle oposición al Gobierno, no al país”, escribió en su cuenta de X, adjuntando una foto donde se ve la firma de quienes firmaron la proposición de Ciro Ramírez:
Al señalamiento, Miranda contesta, también en X. “Mi posición es clara desde el día uno: me opongo a una reforma tributaria y a un presupuesto desfinanciado e irresponsable. No es una opinión aislada: el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y la Contraloría General han advertido lo mismo, la gente técnica y rigurosa de este país acompaña mi postura. La responsabilidad fiscal no es un capricho, es una obligación con el país,” escribió.
Sin embargo, Pizarro, poco después sube un vídeo y explica: “Solo el 5% de los gastos de funcionamiento corresponden al personal del Ejecutivo. Dejen de mentirle al país. Quieren vender la idea de que el Gobierno no puede gastar, y además que debe reducir en un 1% del PIB su presupuesto por un supuesto “orden en las finanzas”. Pero está claro lo que buscan: que este Gobierno no pueda hacer inversión social para seguir reduciendo el desempleo y la pobreza monetaria”.
De la misma manera, Miranda responde: “¡Petro miente, como siempre! El aumento del funcionamiento NO es por el MinDefensa, sino por engordar ministerios y crear burocracia. Mientras tanto, el presupuesto recorta educación, agro y deporte. Y esta reforma tributaria tocará IVA y renta, golpeando al ciudadano de a pie. Queridos congresistas, mientras los colombianos se levantan a las 4am a trabajar y hoy quieren meterles con una reforma tributaria que no aguantan, el presidente no se despierta a una reunión a las 4pm. Aquí se tiene que defender el ciudadano de a pie, no al derrochador que no trabaja”, finalizó.
La discusión para aprobar lo que será el Presupuesto General de la Nación del próximo año apenas comienza, y desde ya se puede observar los ánimos caldeados tanto de los congresistas de gobierno como de la oposición. Por lo pronto, la cifra definitiva del PGN deberá ser definida por las comisiones del Congreso el 15 de septiembre y el debate en plenaria está previsto hasta el 20 de octubre. Pero, si en esa fecha no existe acuerdo, la ley faculta al poder ejecutivo para expedir el presupuesto vía decreto.
