Cada mes, usted y yo pagamos en la factura de energía una especie de “seguro” destinado a garantizar la electricidad en épocas críticas, un cobro que desde 2006 ya acumula 97 billones de pesos. Frente a los recientes anuncios sobre un fenómeno de El Niño más severo que en años anteriores y la sombra de un posible apagón en el país, la pregunta es inevitable: ¿qué ha pasado con ese dinero? La Superintendencia de Servicios Públicos le puso la lupa al tema.
El estudio, titulado “Sobre-remuneración y Déficit de Respaldo Físico: Evaluación del Cargo por Confiabilidad en el Mercado de Energía Mayorista (2006-2026)”, destapa serias inconsistencias en la administración de estos recursos.
Del total recaudado a precios constantes de 2025, el 62% terminó en manos de hidroeléctricas y el 37 % en plantas térmicas, concentrando los mayores giros en Antioquia ($26,5 billones), Atlántico ($15,8 billones) y la zona de Cundinamarca-Meta ($13,1 billones).
La gran paradoja que evidencia la superintendencia es que el 48 % de este dinero (pensado para protegernos de las sequías) se le paga a las mismas fuentes hídricas que se quedan sin agua durante el fenómeno de El Niño, destinando además sumas gigantescas a remunerar infraestructura antigua de entre 20 y 30 años sin que aparezcan nuevas obras de peso en el mapa.
El negocio resulta tan lucrativo que, según la Superservicios, “en 2025, el Cargo por Confiabilidad aportó el 21,5 % de los ingresos y el 111 % de las utilidades del sector de generación” lo que significa que estas compañías ganaron más dinero cobrando este respaldo que por toda su operación comercial junta.
“¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado 97 billones a las empresas de generación?” señaló el Superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, quien fue enfático al mencionar que son justamente las empresas quienes deben garantizar la suficiencia eléctrica en condiciones de hidrología crítica.
El informe de la Superservicios también encendió las alarmas sobre los llamados “anillos de seguridad”, como la Demanda Desconectable Voluntaria (DDV), que en 2025 marcó un récord de recorte pactado de 1.706 GWh sin estar atravesando un fenómeno de El Niño, demostrando que el 90 % de las respuestas del sector son acuerdos comerciales y no un respaldo físico real en infraestructura.
Por esta razón, la entidad solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas reestructurar las reglas de juego para incentivar la entrada de fuentes renovables no convencionales y plantas mucho más eficientes.
A pesar de los hallazgos, la Superintendencia aclaró que, tras inspeccionar 11 térmicas y monitorear el sistema durante la primera mitad de 2026, el país no enfrenta un riesgo de apagón inminente a corto plazo, siempre y cuando las herramientas de respaldo funcionen adecuadamente.
