El Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá tomó una decisión en primera instancia que le devolvería a Zipaquirá, Fusagasugá, Mosquera, Facatativá, Chía, Cajicá, Funza, Madrid, La Mesa y Tabio la autonomía sobre el alumbrado público.
En 2017 la Contraloría de Cundinamarca denunció la celebración de contratos de arrendamiento de infraestructura de alumbrado público entre la empresa Codensa S.A. E.S.P. y diez municipios de Cundinamarca, “figura que desnaturalizaba la prestación del servicio y generaba un evidente detrimento patrimonial”, señaló el ente de control.
Esta modalidad de contratación permitía a la empresa mantener la propiedad de luminarias, postes y redes, a pesar de que los municipios pagaban por su instalación, mantenimiento y modernización, generando un doble cobro por arrendamiento e inversión, afectando el patrimonio público y a los usuarios del servicio, que asumen pagos por concepto de arrendamiento y mantenimiento de redes que, según la Contraloría, por su naturaleza, deberían ser bienes públicos.
En ese sentido, la decisión judicial establece que varios municipios fueron los afectados por contratos de largo plazo firmados con Codensa que comprometían sus finanzas y la soberanía sobre su infraestructura pública, vulneraban derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce del espacio público, a los derechos de los consumidores y usuarios, a la libre competencia económica, al uso y defensa de los bienes públicos, a la defensa del patrimonio, entre otros. Además de señalar que debió garantizarse la reversión de la infraestructura y evitar esquemas de arrendamiento que perpetúan la dependencia de los entes territoriales.
“El alumbrado público no puede convertirse en una carga para los municipios ni en un negocio indefinido para unos pocos. Con esta decisión, se marca un precedente sobre cómo se debe defender lo público con argumentos sólidos y con el respaldo de la ley”, afirmó el contralor departamental, Carlos Augusto Wilches Vega.
