Mediante decreto el presidente de la república, Gustavo Petro, eliminó la prima especial de servicios a los miembros del Congreso de la República. Una medida fundamentada en criterios de austeridad, sostenibilidad fiscal y equidad, respaldado por jurisprudencia constitucional el cual entraría en vigencia a partir del 20 de julio de 2026 cuando se posesione el nuevo Congreso.
Esta prima de servicios correspondía a unos de los tres factores que sustentan el total del salario de los congresistas. El sueldo básico, que es fijo; y los gastos de representación, que son un montón adicional para cubrir gastos, hacían parte del salario total de los congresistas. Ahora, con la eliminada prima especial de servicios, los congresistas pasan de percibir un total de 52 millones de pesos a unos 35 millones, aproximadamente. Lo que generó una disminución de alrededor de 17 millones mensuales.
La medida sustentada a través de la expedición del decreto 0030 de 2026, argumenta que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”. Sin embargo, para el actual presidente del Senado, Lidio García, la medida sería un “castigo político” que afectaría directamente su autonomía e independencia. “Este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo” dijo a través de X.
García, criticó que mientras el presidente de la república fue congresista, durante 20 años, “jamás expresó inconformidad”, por lo que estas acciones refuerzan su idea de que la expedición de este decreto corresponde a un castigo político. “La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”. Sin embargo, como lo argumentó la Silla Vacía, “derogar la prima dependía de proyectos del Congreso —que no pasaron—, de una decisión política del gobierno de turno o del Consejo de Estado”.
Para los congresistas Cathy Juvinao, Angelica Lozano y Juan Carlos Lozada, la medida es un avance en materia de justicia y equidad. “Estrategia de campaña o no, venganza del Gobierno o no; la reducción del salario de los congresistas estaba en mora y por eso lo celebramos. Es una medida de equidad con los ciudadanos que son los jefes” dijo la senadora Angelica Lozano, a través de cuenta de X.
Según la Silla Vacía, esta prima, que había sido creada en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, llevaba 12 años en el consejo de estado. Para 2025, “más de 20 iniciativas similares han naufragado entre dudas jurídicas y la resistencia de los propios senadores y representantes” y hoy, mediante decreto, el gobierno nacional argumentó que el marco legal sustentan que “las primas reconocidas a los congresistas no son obligatorias para el Ejecutivo y pueden ser limitadas de manera legítima, sin que ello implique una vulneración automática de derechos adquiridos”
