El juzgado penal del Circuito de Santa Marta condenó a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión al exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, tras hallarlo responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura cometidos contra tres niñas entre 2004 y 2006. Las agresiones, perpetradas cuando las víctimas tenían tan solo 11 y 12 años, fueron catalogadas por las autoridades como crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía, demostró cómo el excabecilla del Frente Resistencia Tayrona de las extintas AUC (conocido con los alias de El Patrón, El Viejo, El Señor de la Sierra o Taladro) se valió de su poder e intimidación para someter a las menores. Giraldo las obligó a convivir en las fincas donde residía y a someterse a visitas semanales en las cárceles de Medellín, Itagüí y Barranquilla donde estuvo recluido antes de su extradición a los Estados Unidos.
Según la Fiscalía, el ingreso de las niñas a los establecimientos carcelarios se realizó con el aval de las personas que tenían su custodia legal. En el interior de los centros de reclusión, las menores sufrieron abusos continuados y diversos actos ilícitos. Una de las víctimas, al cumplir 14 años, fue obligada a abortar por orden de Giraldo, mientras que otra de las jóvenes dio a luz a un bebé producto de los reiterados ataques. Asimismo, se demostró que una de las niñas fue sometida a condición de servidumbre aprovechando su situación de discapacidad cognitiva.
El caso dio un paso determinante en septiembre de 2022 con la resolución de acusación y la declaración de estos hechos como delitos de lesa humanidad. Posteriormente, durante las audiencias preparatorias de marzo y agosto de 2025, Giraldo admitió su responsabilidad y se acogió a la figura de sentencia anticipada bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000.
Además de la pena en prisión, la sentencia impuso a Giraldo Serna una multa equivalente a 1.086 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006. Aunque el exjefe paramilitar había sido postulado inicialmente al marco de la Ley de Justicia y Paz en 2006, fue excluido definitivamente de dicho beneficio por el incumplimiento de sus compromisos, abriendo el camino para esta condena en la justicia ordinaria por graves violaciones a los derechos humanos y violencia basada en género.
