Tras la masiva intervención judicial que sacudió al sector textil este lunes, la Fiscalía General de la Nación entregó detalles oficiales sobre la operación de extinción de dominio contra la cadena de ropa interior Lili Pink. Según el ente de control, la compañía habría sido utilizada como una fachada comercial para facilitar el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país.
La investigación técnica, que culminó en los operativos de las últimas horas, revela que el conglomerado presuntamente estructuró un sistema de importaciones irregulares y la creación de “sociedades de papel”. Estas entidades eran utilizadas para dar apariencia de legalidad a flujos de dinero de origen oscuro. Hasta el momento, la Fiscalía ha detectado movimientos por 730 mil millones de pesos bajo sospecha y un enriquecimiento ilícito que superaría los 430 mil millones. Además de efectuar ante un juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá “varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización” señaló la Fiscalía en su comunicado oficial.
La ofensiva judicial, diseñada para golpear directamente el patrimonio de la organización, impuso medidas cautelares sobre un total de 405 locales comerciales distribuidos en 59 ciudades y municipios del país. La operación tiene un impacto significativo en 25 departamentos, incluyendo la intervención de puntos de venta en el municipio de Zipaquirá. Además de los establecimientos de comercio, el CTI y la Fiscalía afectaron los siguientes activos: 40 inmuebles de alto valor, 8 vehículos, una sociedad comercial que articulaba la operación del grupo.
Mientras tanto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asume la administración de los bienes mientras se surten todas etapas judiciales correspondientes.
