Mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, una medida con la que el Ejecutivo busca recaudar $16,3 billones para enfrentar el déficit fiscal generado tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.
La declaratoria, amparada en el artículo 215 de la Constitución Política, le permite al Gobierno evitar la aprobación congresional y expedir decretos con fuerza de ley durante un periodo de 30 días calendario, así como crear nuevos tributos o modificar los existentes, con el objetivo de conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. El decreto fue firmado por Petro y la totalidad de su gabinete ministerial.
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que el país atraviesa una “situación grave e inminente consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales”. Según el comunicado por parte de la Presidencia de la República, entre las causas señaladas se encuentran la obligación de cumplir órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud, el deterioro del orden público y la necesidad de proteger a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos en el marco del proceso electoral.
También se mencionan los efectos de la ola invernal, las sentencias judiciales pendientes de pago, las obligaciones atrasadas por subsidios de servicios públicos y combustibles, así como el agotamiento de las alternativas de endeudamiento bajo la Regla Fiscal y las restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación. A ello se suma la no aprobación de dos proyectos consecutivos de Ley de Financiamiento para las vigencias 2025 y 2026.
Ante este escenario, las voces de los sectores empresariales y de oposición al gobierno han manifestado que la medida adoptada podría ser inconstitucional. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, dijo en su cuenta de X que este decreto “no cumple el art. 215 de la Constitución: pretende llamar “emergencia” a problemas estructurales y previsibles, no a un hecho sobreviniente y extraordinario”. Lacouture argumentó que las necesidades de salud reflejadas en el UPC responden a órdenes judiciales antiguas y que la negación de la ley de financiamiento no es un derrota sino democracia, por lo que, según ella, será la Corte Constitucional quien “actúe con su mejor juicio y active un control preventivo y estricto sobre el Decreto 1390/2025, para evitar medidas tributarias por excepción y proteger el Estado de Derecho y el bolsillo de los colombianos”.
Así mismo, la precandidata presidencial Paloma Valencia, la senadora Maria Fernanda Cabal y senadores como Jota Pe Hernández, elevaron ante la corte constitucional la posible acción de inconstitucionalidad de este decreto. “La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente” dijo Cabal.
En este contexto, la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social abre un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y los sectores productivos del país. Mientras el Gobierno sostiene que enfrenta una coyuntura fiscal excepcional que compromete la garantía de derechos fundamentales y exige medidas inmediatas, la oposición y el empresariado advierten que se estaría recurriendo a facultades extraordinarias para resolver problemas estructurales y previsibles.
