El pasado 25 de Julio la Fiscalía General de la Nación imputó cargos ante un juez de control de garantías a Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, así como a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, por su presunta responsabilidad en el direccionamiento irregular de un convenio de 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 de la Aviación del Ejército Nacional.
Según las investigaciones adelantadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción, entre septiembre y diciembre de 2024 se habrían alterado las condiciones contractuales para adjudicar el proceso, suscrito formalmente el 31 de diciembre de 2024, a una empresa representada por el ciudadano estadounidense Montgomerie que carecía del respaldo normativo y operativo exigido.
En el entramado, Buitrago presuntamente dio instrucciones para beneficiar al contratista, actuó como traductor, facilitó información estratégica e incorporó una cotización de 36 millones de dólares para fijar el presupuesto, “pese a que habría conocido informes que advertían que la empresa no acreditaba la capacidad técnica, jurídica, financiera ni la experiencia requerida”.
Por su parte, Uribe y Montgomerie habrían participado en reuniones de estructuración del proceso contractual. Posteriormente, Uribe intervino para modificar las condiciones de pago y autorizar un desembolso anticipado del 50 % de la suma total, derivando en el giro de más de 16 mil dólares el 15 de abril de 2025.
Según la Fiscalía, dicho giro se realizó a pesar de que el contratista “únicamente había ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares”, situación que llevó al Ministerio de Defensa a declarar el incumplimiento formal del contrato en noviembre de 2025 ante la falta de mantenimiento de las aeronaves.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Buitrago el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que a Uribe y Montgomerie se les formularon cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos formulados, por lo que el proceso penal continuará en los tribunales para esclarecer los hechos.
