El juzgado primero promiscuo municipal de Cajicá adelantó este miércoles la audiencia de comunicación de cargos contra el hombre señalado de haber asesinado a Natalia Andrea Santodomingo, una mujer trans del municipio de Cajicá, en hechos ocurridos el pasado nueve de enero de este año y que han generado conmoción entre la comunidad y colectivos defensores de derechos humanos.
Su muerte, considerada por colectivos como un posible transfeminicidio, llevó a que la Alcaldía de Cajicá ofreciera una recompensa para obtener información que ayudara a esclarecer el caso.Once meses después, en noviembre de 2025, las SIJIN de la Policía dio captura a Carlos Hernando Castillo Rojas, un hombre de 30 años y quien trabajaba como guarda de seguridad, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio, reactivando las exigencias de justicia y visibilizando las demoras en el proceso judicial denunciadas por la familia y activistas
Durante la audiencia, las autoridades competentes expusieron ante el juez los elementos materiales probatorios, entre los que se incluyeron condones, semen y sangre. Así como el recorrido del victimario hasta el lugar de los hechos, mensajes entre la víctima y el victimario, y los seguimientos realizados por Castillo antes, durante y después de los hechos. También fueron expuestos los delitos por los que la Fiscalía lo está acusando y el material recolectado durante la investigación preliminar, así como la defensa del procesado quien intervino para responder a las acusaciones. La fiscal delegada, María Camila Prieto, expuso que Castillo Rojas, quien presuntamente también habría sido su pareja sexual, le habría proporcionado 68 apuñaladas, además de llevarse de la escena elementos que constituían material probatorio.
Mientras el acusado escuchaba parte del material probatorio -en especial lo relacionado con su presunta relación con la víctima-, Castillo negó con su cabeza en reiteradas ocasiones lo expuesto por la Fiscalía. Además, durante la diligencia quedó en evidencia su falta de asesoramiento jurídico: manifestó anticipadamente que no aceptaría los cargos, desconociendo el orden procesal de la audiencia de comunicación. Esto obligó a una breve pausa para que su abogado le explicara el procedimiento correspondiente.
Una vez reanudada la diligencia y tras la solicitud del juez, Castillo reiteró que no aceptaba los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. Según lo expuesto por la fiscal Prieto, el acusado,al no aceptar los cargos, podría enfrentar una pena mínima de 41 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado.
Con este avance judicial, se espera que la Fiscalía presente el escrito de acusación ante el juez de conocimiento para continuar con el proceso de preclusión o el principio de oportunidad. Por ahora, este proceso marca un precedente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres trans en la región para que su asesinato no quede en la impunidad.
