Ayer 26 de diciembre, el gobierno nacional inscribió ante la Registraduría Nacional el comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Con el objetivo de superar lo que sus impulsores denominan un “bloqueo institucional” que, según ellos, ha impedido el avance de reformas sociales estructurales y la garantía efectiva de derechos consagrados en la Constitución de 1991, el comité tendrá la tarea de reunir el 5 por ciento del censo electoral, aproximadamente unos 2 millones de firmas, para que logren surtir la primera parte del proceso.
El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, quien estuvo en representación del gobierno nacional para acompañar la iniciativa, dijo que con esto “arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, nitidez y con la fuerza necesaria que requiere un cambio constitucional”.
Del proceso de recolección de firmas, dependerá que el gobierno nacional pueda presentar ante el congreso de la república, elegido en marzo de 2026, el proyecto de ley que plantea que el actual modelo institucional enfrenta una crisis similar a la vivida a finales de los años noventa. Según esta iniciativa, sostiene que el sistema presidencial colombiano ha derivado en escenarios recurrentes de parálisis legislativa, en los que reformas en salud, trabajo, pensiones, educación, vivienda, ordenamiento territorial y protección ambiental han sido archivadas o dilatadas sin un debate de fondo. Esta situación, advierte el proyecto, ha configurado omisiones legislativas que impiden materializar derechos fundamentales y profundizan la desigualdad social y territorial.
Tras conocerse esta inscripción, los opositores al gobierno han hecho un llamado a “respetar la constitución del 91”. La precandidata presidencial Paloma Valencia, dijo a través de cuenta de X que “quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder”. Otros, como el columnista Daniel Samper, han calificado la decisión como un atentado al estado social de derecho. “Esta asamblea constituyente no es un acuerdo con todos los sectores del país: es, en realidad, un estrategia para que el petrismo nunca más se baje del poder” dijo en su cuenta de X.
Una vez realizada la inscripción, la Registraduría Nacional tiene un plazo de ocho días hábiles para verificar si el comité cumple con todos los requisitos establecidos por la ley, para luego autorizar el inicio formal de la recolección de apoyos. En caso de que esto sea aprobado, tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria a una asamblea constituyente. Una vez aprobada la ley deberá pasar a sanción presidencial, y será el presidente quien remita a la Corte Constitucional su revisión. De allí, surgen procesos de verificación y de ser aprobada, la ciudadanía irá a las urnas.
