La Justicia Especial para la Paz (JEP), el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición creado en 2016 en el marco de la Acuerdo de Paz, señaló a 27 ex combatientes de la extinta FARC-EP como máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, así como estableció responsabilidades en atentados como el del Club El Nogal, o contra el exministro Germán Vargas Llera, entre otros, que el país conoció.
La decisión atiende el reclamo de verdad y justicia de 2.436 víctimas acreditadas que sufrieron tomas guerrilleras, masacres, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, tortura y violencia sexual en regiones históricamente postergadas de la cordillera Oriental, la Orinoquía y la Amazonía.
Frente a la impunidad que rodeó estos hechos en la justicia ordinaria, la JEP señaló que un 97% de los crímenes nunca llegó a una sentencia condenatoria y cerca del 90 % de las investigaciones penales no superó la etapa preliminar. En ese sentido, por primera vez, los integrantes vivos del antiguo Secretariado de las Farc-EP que tuvieron mando en el sur y oriente del país —Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel— junto a otros 23 mandos regionales, urbanos y medios, rinden cuentas de forma detallada por las atrocidades cometidas en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare, Arauca, Putumayo y Cundinamarca, entre otros.
Para precisar la dimensión de estas violaciones a los derechos humanos, la Sala de Reconocimiento de Verdad agrupó los hechos en tres patrones criminales:
- El primero corresponde a las acciones ejecutadas en medio de las hostilidades, que incluyeron emboscadas, uso de campos minados y tomas sangrientas a municipios como Mitú y Miraflores.
- El segundo patrón recoge el control despótico ejercido sobre la población civil en zonas de retaguardia y rutas del narcotráfico. Según relataron los sobrevivientes ante el tribunal, los campesinos vivieron a merced de un “gobierno guerrillero”. “Según relataron las víctimas, se trató del gobierno de un actor armado sin control popular, que fue hostil porque no dependía de la economía ni del apoyo campesino para subsistir” señala la JEP.
- El tercer patrón abarca los actos de terror y asesinatos selectivos perpetrados en contextos urbanos por células clandestinas. Dentro de estas acciones figuran atentados de gran impacto nacional, como el ataque contra el Club El Nogal, la casa bomba en Neiva, el lanzamiento de rockets durante la posesión presidencial de 2002 y el atentado a la estación de policía de Villavicencio.
Asimismo, el auto establece responsabilidades por magnicidios como el de Álvaro Gómez Hurtado y su acompañante José del Cristo Huertas, asignando la autoría material a miembros de la red urbana al mando de Julián Gallo, sin cerrar la puerta a que otras instancias judiciales continúen investigando la autoría intelectual de otros actores.
El auto incluyó además la primera imputación conjunta con el Caso 11 (Subcaso 01), tipificando la violencia sexual y de género ejercida contra mujeres campesinas como forma de castigo y sometimiento. Las versiones de los procesados resultaron decisivas para reconstruir la estructura armada y esclarecer hechos específicos.
Involucrados y acciones delictivas
Entre los imputados figuran Fabián Ramírez, segundo al mando del Bloque Sur entre 1995 y 2013, quien detalló las operaciones del Frente 14 y la coordinación logística; Ángel Alberto García (‘Hernán Benítez’), exguardia de Manuel Marulanda y miembro del Estado Mayor del Bloque Sur, quien aportó información clave sobre la evolución histórica del grupo y aceptó la responsabilidad en la masacre de los concejales de Rivera, Huila; y Floresmiro Burbano (‘Martín Corena’), excomandante de los frentes 2, 3 y 48, quien admitió su papel en el desplazamiento forzado y los ataques sistemáticos a civiles.
Desde el Bloque Oriental, Rodolfo Restrepo (‘Víctor Tirado’) reconoció crímenes derivados del control territorial desde el Frente 62, mientras que Élmer Caviedes (‘Albeiro Córdoba’), excomandante del Frente 44, aportó verdad sobre la toma de Miraflores y el uso masivo de minas antipersonal en Guaviare.La contribución de los mandos medios fue igualmente fundamental para avanzar en las investigaciones.
Daniel Bolaños Trujillo (‘Diván’), de la Columna Móvil Teófilo Forero, entregó detalles sobre la masacre de los concejales de Puerto Rico, Caquetá, y el asesinato del gobernador Luis Francisco Cuéllar. Por su parte, José Nicolás Hurtado (‘Carlos Huevo’), excomandante del Frente Urbano Joselo Lozada, confesó su participación directa en el asesinato del profesor Jesús Antonio Bejarano en la Universidad Nacional, revelando que la orden provino directamente del ‘Mono Jojoy’ y explicando cómo intentaron desviar el curso de la investigación judicial.
¿Qué sigue tras esta imputación de la JEP?
Tras la notificación oficial de la providencia, se abre una etapa decisiva en la que los 27 comparecientes disponen de 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o en su defecto rechazarlos y aportar argumentos o pruebas adicionales. En este mismo plazo, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar sus observaciones a la decisión.
De manera paralela, la JEP ordenó a los imputados entregar de inmediato toda la información disponible a la Jurisdicción y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) para dar con el paradero de 241 víctimas de desaparición forzada cuyos familiares reclaman respuestas dentro del proceso.
Si los procesados aceptan su responsabilidad y entregan verdad detallada, la JEP los convocará a una Audiencia Pública de Reconocimiento —diseñada y realizada en conjunto con las víctimas— y posteriormente la Sala emitirá la Resolución de Conclusiones para remitirlos al Tribunal de Paz. Allí se les impondrán Sanciones Propias de carácter restaurativo y reparador, que contemplan restricciones efectivas de la libertad pero sin cárcel.
Por el contrario, si alguno de los comparecientes niega sus delitos, su expediente será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para enfrentar un juicio contradictorio en el que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a penas de hasta 20 años de prisión, cerrando así un ciclo clave en la búsqueda de verdad para las víctimas de la guerra.
