La Contraloría General de la República, a través de un comunicado de prensa informó sobre el seguimiento permanente que ha realizado desde el 12 de agosto de 2025, sobre el contrato 012 de 2024 suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa VERTOL SYSTEMS COMPANY. Se trata de un contrato que tiene por objeto la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros M17.
“La Contraloría Delegada para el Sector Defensa advierte un riesgo inminente para el patrimonio del Estado, debido a la alta probabilidad de pérdida de más de USD $13 millones de los USD $16,231 millones entregados como pago anticipado. Adicionalmente, se identifica un riesgo significativo de incumplimiento del contrato, que vence el 15 de noviembre de 2025, con un avance de apenas el 8 %”, se lee en el comunicado.
Para la Contraloría, esta advertencia se fundamenta en deficiencias en la selección del contratista. “La Contraloría encontró debilidades en las evaluaciones económica, técnica y jurídica, atribuibles tanto al contratista como al Ministerio de Defensa Nacional, entre las que se encuentran el no cumplimiento con la capacidad financiera para ejecutar el contrato en el plazo previsto al 15 de noviembre de 2025. Del mismo modo, se pudo evidenciar que el comité técnico evaluador no pudo determinar la acreditación de experiencia del oferente de acuerdo con los parámetros establecidos en el estudio previo”.
Por otra parte, la entidad encontró que hay un desbalance entre el anticipo y la ejecución, dado que el contrato registra un avance físico del 8%, mientras que ya se ha desembolsado lo correspondiente al 50% del valor total del contrato, es decir 16.231 millones de dólares. “Esta situación evidencia una desproporción crítica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que pone en riesgo la adecuada culminación del objeto contractual”, dice el documento.
La Contraloría, además, resalta que hay un riesgo de pérdida de recursos públicos. “Existe una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como pago anticipado, debido a que la empresa contratista es extranjera, catalogada como una compañía de responsabilidad limitada, circunstancia que dificulta que los socios respondan con su patrimonio personal por las obligaciones e incumplimientos de la empresa, sumado al hecho de que no se cuenta con información financiera suficiente para solicitar el decreto de medidas cautelares efectivas, quedando como única alternativa la afectación de las pólizas contractuales”.
Todo lo anterior repercute, según la entidad, en la capacidad operativa del Ejército Nacional, ya que “la falta de cumplimiento del contrato conduce a que no se ejecute el mantenimiento requerido por la Flota MI17 y no se cuente con los repuestos necesarios para aeronaves que se encuentran disponibles, conllevando a la inmovilización parcial de esta flota de helicópteros, que afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, al limitar la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas a la seguridad nacional”.
