La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció durante la mañana de este martes pliego de cargos contra la cadena Jerónimo Martins Colombia S.A.S., conocida popularmente como Tiendas ARA. La decisión, anunciada este 2 de junio, responde a una acumulación de más de 2.000 quejas ciudadanas relacionadas con fallas en los sistemas de cobro, publicidad engañosa y falta de transparencia en promociones.
La rápida expansión de las tiendas de formato con grandes descuentos en Colombia ha traído consigo nuevos desafíos para la protección al consumidor. Según la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, tras analizar numerosas denuncias y realizar visitas de inspección, se han identificado patrones de comportamiento que podrían vulnerar los derechos fundamentales de los compradores. La entidad sostiene que el modelo de economía social de mercado exige un respeto a los derechos de los usuarios. “Esta investigación es una garantía esencial de orden constitucional que busca brindar condiciones dignas en la comercialización de bienes y en la prestación de servicios a toda la ciudadanía”, resaltó la autoridad en su comunicado oficial.
La investigación se centra en cuatro ejes problemáticos reportados por los usuarios. En primer lugar, se investigan fallas recurrentes en los sistemas de pago con códigos QR, donde 825 clientes reportaron cobros dobles o repetidos entre febrero y julio de 2024. En segundo lugar, la empresa está bajo escrutinio por supuestamente ocultar información relevante sobre las condiciones y restricciones de uso de bonos de recompra entregados por garantías. En tercer lugar, con un registro de 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025, se han detectado diferencias entre los precios en estantería y los cobrados en caja, además de posibles cobros no autorizados por redondeos o “donaciones”. Finalmente, la SIC evalúa la veracidad y claridad de los mecanismos utilizados en los sorteos y dinámicas promocionales de la cadena.
Es fundamental precisar que este pliego de cargos constituye el inicio formal del proceso administrativo. La normativa colombiana garantiza el debido proceso, lo que significa que Tiendas ARA tendrá ahora la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, presentando sus argumentos y las pruebas que considere pertinentes para desvirtuar las acusaciones formuladas por la Superintendencia. La resolución de esta investigación no solo definirá las posibles sanciones para la compañía, sino que sentará un precedente sobre el nivel de vigilancia y exigencia al que se verán sometidos los grandes minoristas en el país en pro de la transparencia comercial.
