En un comunicado emitido este 13 de enero de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que redoblará sus esfuerzos para garantizar los derechos de los consumidores y evitar abusos derivados de la reciente fijación del salario mínimo vital. La autoridad de competencia enfatizó que, bajo el modelo de economía social de mercado, los actores económicos deben actuar con “sentido lógico y racional” al fijar las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios. La entidad fue enfática al advertir que el marco legal colombiano “prohíbe la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones” en la determinación de los precios.
Dentro de las acciones preventivas y de control, la SIC puso especial foco en el sector inmobiliario. Recordó que, mediante la Circular No. 4 de 2024, vigente desde febrero de 2025, todas las constructoras están obligadas a que la publicidad y la fijación de precios de los proyectos de vivienda se realicen estrictamente en pesos colombianos. Al respecto, la entidad informó que ya ha elevado requerimientos de información a más de 20 empresas del sector para verificar el cumplimiento de esta normativa y proteger al consumidor inmobiliario de posibles irregularidades.
Por su parte, el Ministerio de Transporte se pronunció específicamente sobre el aumento en el pasaje de TransMilenio, el sistema masivo de la capital, señalando que el incremento del salario mínimo “no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de $350 en la tarifa de TransMilenio”. Según la cartera de Transporte, dicho ajuste representa un incremento tarifario del 10,9%, cifra que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), (que quedó en 5,10%) y que no puede sustentarse únicamente en la variable de costos laborales sin un “análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado”. El Ministerio recordó que, aunque los entes territoriales fijan las tarifas, la nación tiene competencia técnica para pronunciarse sobre la “razonabilidad de los incrementos”, especialmente considerando la cofinanciación histórica de la infraestructura del sistema. “El aumento del salario mínimo no puede ser la excusa para subir la tarifa de TransMilenio”, puntualizó la ministra María Fernanda Rojas.
Finalmente, la Superintendencia se comprometió con la vigilancia de regímenes de libertad regulada y control de precios en sectores críticos, como el de medicamentos y dispositivos médicos, donde actualmente supervisa un catálogo de 36 mil productos. La institución aseguró que se mantendrá atenta a las denuncias ciudadanas para reprimir cualquier práctica abusiva que atente contra el equilibrio del mercado. Según el documento oficial, la entidad “emprenderá las acciones necesarias para garantizar las garantías y derechos de las y los consumidores, la preservación de un modelo de mercado en el que primen los intereses de los consumidores”, asegurando que el incremento salarial no se vea mermado por conductas comerciales indebidas.
