La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), anunció el pasado 10 de enero, que viene intensificando sus acciones de control en el valle de Ubaté, logrando la imposición de 24 medidas preventivas contra diversas unidades mineras de carbón que operaban de forma irregular durante el último año. Según la entidad, los operativos, realizados en los municipios de Tausa, Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá, revelaron un panorama crítico de degradación ecológica provocado por explotaciones que carecían de licencia ambiental.
De acuerdo con el balance técnico de la autoridad, se evidenciaron vertimientos directos de aguas residuales mineras y la disposición desordenada de estériles sobre el suelo y en cauces de vital importancia como las quebradas El Altillo, Chorrillos y Granadillo, lo que compromete seriamente la seguridad hídrica de la región.
Durante las inspecciones, los profesionales de la CAR constataron que estas actividades ilegales generaron el sepultamiento de bosques nativos y capas orgánicas, además de alterar el régimen hidrológico y las propiedades fisicoquímicas del agua. La gravedad de la situación quedó demostrada al hallar minas con maquinaria activa y tasas de extracción que alcanzaban hasta las 85 toneladas diarias, todo ello sin contar con permisos de vertimiento ni obras de manejo de aguas de escorrentía. Como consecuencia, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de las operaciones, el decomiso de equipos y herramientas, y la obligación de iniciar procesos de recuperación ambiental que incluyen la reforestación con especies nativas y la estabilización de terrenos en riesgo de deslizamiento.
Julio César Sierra León, director regional de la CAR, fue enfático al señalar que el desarrollo económico no puede estar por encima de la preservación del ecosistema. “La extracción de carbón en la región debe hacerse bajo estrictos estándares ambientales, teniendo en cuenta que es una actividad económica significativa en el territorio. No vamos a permitir operaciones sin permisos ni prácticas que pongan en riesgo nuestras fuentes hídricas, los ecosistemas y la seguridad de las comunidades”, afirmó.
“Suspendimos actividades. Exigimos restauración ambiental. Avanzamos en la protección de las fuentes hídricas para el bienestar de la comunidad. No estamos en contra de la minería, estamos en contra de la ilegalidad”, escribió el director general de la CAR, Alfred Ballesteros, en X. Estas acciones se amparan en la Ley 1333 de 2009 y buscan frenar daños irreparables al paisaje y la biodiversidad mientras avanzan los procesos sancionatorios. La Corporación advirtió que mantendrá operativos permanentes para garantizar que ninguna actividad minera opere fuera del marco de la ley en el valle de Ubaté.
