Con el objetivo de garantizar la transparencia en las próximas elecciones legislativas y presidenciales, la Dirección Seccional de la Fiscalía en Cundinamarca puso en marcha un plan de choque diseñado para blindar el ejercicio del voto. Bajo la resolución 0047 de 2026, el ente acusador desplegará una estrategia de “focalización territorial” para combatir delitos electorales. Municipios como Zipaquirá, Chía y Facatativá están bajo la lupa por riesgos en la participación democrática.
En entrevista para El Dorado Radio, el director seccional, Hugo Andrés Infante Gómez, confirmó que la entidad ya ejecuta acciones concretas de vigilancia que cubren el antes, durante y después de la jornada electoral en todo el departamento.
Esta estrategia institucional no es aleatoria. Se fundamenta en un análisis detallado del mapa de riesgo electoral. Según explicó Infante Gómez, la Fiscalía ha realizado una radiografía criminal de la región para anticiparse a posibles irregularidades. “El mapa de riesgos ha sido producto de una focalización territorial y un análisis criminal en materia de delitos contra la participación democrática”, señaló el funcionario, destacando que el objetivo principal es la prevención antes de que se vulneren los derechos de los ciudadanos.
El análisis técnico ha permitido identificar corredores específicos donde la vigilancia será más rigurosa. De acuerdo con el director seccional, las alertas se concentran en puntos estratégicos por su densidad poblacional y antecedentes históricos. “Representativamente y según los datos analizados, podemos decir que el municipio de Soacha y en Sabana Norte, los municipios de Chía, Zipaquirá y Cajicá, así como los de Sabana de Occidente, Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, representan unas posibles afectaciones”, advirtió Infante Gómez.
La Fiscalía ha identificado las conductas delictivas que más amenazan la pureza del proceso en estas zonas. El funcionario fue enfático al enumerar acciones como la compra y venta de votos, el trasteo de votantes de un municipio a otro, las amenazas contra candidatos o ciudadanos, y la financiación de campañas con recursos públicos o provenientes de organizaciones delincuenciales.
Para enfrentar estas amenazas, la Fiscalía General de la Nación fortaleció su talento humano en los municipios y habilitó una red de atención para que la ciudadanía denuncie en tiempo real. La presencia institucional se extiende a los 15 circuitos judiciales del departamento, 12 puntos de atención en alcaldías y el centro especializado en Silvania.
“La prioridad es actuar de manera preventiva”, puntualizó el director, recordando que están disponibles canales digitales como el botón “Denuncia Fácil” en la web de la Fiscalía, el sistema URIEL del Ministerio del Interior y la línea telefónica 122. Con este despliegue, las autoridades esperan que el mapa de riesgos se traduzca en una jornada de participación libre y sin coacciones en el corazón del país.
