Seguramente le ha pasado: abre su X, revisa Facebook o ingresa a su medio de comunicación de preferencia, y se encuentra con un titular que asegura que “su candidato” va punteando, o que “aquel que no le gusta” está cayendo en picada. En plena efervescencia electoral para este 2026, las encuestas parecen brotar de la nada, y es difícil saber en quién confiar cuando todos aseguran tener un posible “ganador”.
Pero, más allá del ruido digital y los titulares sensacionalistas, existe una línea clara que divide la especulación del rigor técnico. En Colombia, no cualquiera puede lanzar cifras al aire y llamarlas “intención de voto”. “Las firmas encuestadoras del país tendrán que registrarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como requisito previo para que sus estudios de opinión sobre las preferencias políticas de los ciudadanos puedan ser publicadas en los medios de comunicación” indica en CNE a través de su página web. De manera que, es este organismo el encargado de vigilar, controlar, administrar y sancionar y junto con la nueva Ley 2494 de 2025, las reglas del juego han cambiado para proteger su derecho a estar bien informado.
Saber cuáles son las firmas avaladas no es solo un dato técnico; es su mejor escudo contra la desinformación. A continuación, le contamos cómo verificar quiénes tienen el sello oficial y por qué, en estas elecciones, leer la “letra pequeña” de una encuesta es más importante que nunca.
- Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web del CNE
- Seguido de esto, encontrará una pestaña que dice “Encuestas”
- Una vez ingrese a esa pestaña, encontrará toda la legislación vigente y al finalizar la página encontrará el título “Firmas encuestadoras vigentes”, dele click ahí y podrá consultar el listado completo.
Pero, no todo es tan claro como parece ¿Qué actualizó la ley 2494 de 2025 y qué vacíos deja?
Con la premisa de regular la forma en cómo se realizan, sobre todo con mayor transparencia hacia los ciudadanos, esta ley nos dice que ya no basta con lanzar un porcentaje al aire. Ahora, cualquier firma que quiera decir qué piensan los colombianos debe mostrar todas sus cartas: la ley exige demostrar quién pagó la encuesta, cómo eligieron a las personas y quién es el estadístico responsable para que, como ciudadanos, se pueda distinguir entre un estudio serio (basado en ciencia) y un simple sondeo de redes sociales, que muchas veces solo refleja el eco de una burbuja digital.
La ley creó una Comisión Técnica de Vigilancia que actúa como un árbitro imparcial, auditando que los números no sean “cocinados” a puerta cerrada. Aunque ha generado debate por limitar las fechas de publicación para evitar la saturación, su intención real es que la información que llegue a su celular sea veraz, verificable y, sobre todo, justa para nuestra democracia. Sin embargo, la ley ha sido cuestionada desde su principio. Según la Silla Vacía, durante la discusión en el Congreso, no se tuvieron en cuenta miradas técnicas y fue aprobada casi por unanimidad. “El Congreso, en 14 artículos, reguló algo tan complejo como el proceso de generación de encuestas. Lo hizo sin consultar a encuestadores, académicos o medios de comunicación” informó la Silla Vacía.
Según este medio, la ley puede ser ambigua en las muestras y márgenes de error. Si bien la ley dice que “se debe tener un margen de error de diseño, calculado para cada indicador publicado, de máximo tres por ciento (3%) y un nivel de confianza mínimo del 95 %”, las firmas encuestadoras podrían reducir este margen teniendo una “categoría con muchas respuestas o tener más encuestados, lo que encarece los estudios” indica. De la misma manera, según este medio, este porcentaje de error podría obligar a que se “ensucie” la muestra, pues no todas las preguntas se le hacen a todos los votantes. Así lo ejemplifica la Silla Vacía: “si alguien dice que no va a votar no se le pregunta intención; si alguien no es de centro no se le pregunta por candidatos de centro para una consulta interna. Pero con la obligación del margen de error, esto no se puede hacer y toca formular todas las preguntas a todos para no reducir el tamaño de la muestra”.
Otros componentes cuestionados han sido los factores de desagregación, en los que no se puede diferencia el sexo, la religión, afinidad política, entre otros aspectos. La posibilidad de que las encuestas puedan ser públicas es también una de las ambigüedades. “Hasta ahora solo se han publicado dos encuestas tras la veda, ambas financiadas por privados. Además de la incertidumbre jurídica, el costo ha hecho que ningún medio de comunicación haya podido costear una hasta ahora”, informó la Silla Vacía en noviembre de 2025.
