A través de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció esta mañana por la que según él es una situación financiera crítica que viven varios hospitales del departamento: “las EPS (Entidades Promotoras de Salud) no les están pagando por los servicios prestados. Las deudas acumuladas de estas EPS ascienden a 1.2 billones de pesos. Y ayer según la resolución No. 2025320030006237-6 de 2025 expedida por la Superintendencia de Salud, se conoció, que la Nueva EPS dejará de realizar los pocos giros que venía haciendo a la red departamental para atender a sus afiliados”.
Se trata de la resolución “Por la cual se ordena la medida cautelar de cesación provisional de las acciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud a la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. (Nueva EPS)” expedida por la Superintendencia de Salud el pasado 31 de julio.
La decisión de la Superintendencia de Salud se debe a que “con base en el seguimiento realizado por el equipo técnico profesional de la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas, se presentó a la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud concepto técnico del 30 de julio de 2025, de seguimiento a la medida de intervención ordenada a la NUEVA EPS S.A., donde se consigna el análisis al flujo de recursos, la prestación efectiva de los servicios de salud y la gestión del riesgo en salud, con las siguientes conclusiones…” Las conclusiones que reposan en la resolución son seis de tipo técnico científico en las que encontraron “ la persistencia de muertes maternas, una elevada tasa de mortalidad en menores en cinco años por causas prevenibles, limitaciones importantes para alcanzar una cobertura adecuada en los tamizajes de diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino y de mama; entre otras.
También, cinco conclusiones de tipo financiero de las cuales se destaca “Las acciones implementadas por Nueva EPS no han resultado suficientes para estabilizar el procesamiento de cuentas médicas, evidenciando en el seguimiento a la medida de intervención, un rezago promedio de 15.509.659 de facturas por un valor de $11.56 billones” y “La EPS muestra un incremento importante en el saldo de anticipos pendientes de legalizar durante la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar del 152% ($5.270.651 millones), para diciembre 2024 respecto de diciembre de 2023 y del 199% ($7.184.702 millones) para el corte febrero de 2025 respecto del mismo periodo del 2024”.
Y, tres conclusiones de tipo jurídico, resaltando que “desde el componente jurídico se puede evidenciar un aumento significativo en el número de radicaciones de acciones de tutela e incidentes de desacato en contra de la EPS, lo que en consecuencia se advierte una disminución en la prestación efectiva del servicio de salud”.
El gobernador advierte que la red hospitalaria del departamento se encuentra al borde del colapso, pues “La Nueva EPS tiene 615 mil afiliados en Cundinamarca… La medida llega cuando la totalidad de las EPS están pagando por debajo del 30 % del total facturado a través del giro directo. Los hospitales contaban con esos recursos de Nueva EPS para seguir sobreviviendo. Si esto persiste, enfrentamos el colapso de la salud en los territorios. Nos están condenando a una atención pauperizada. La falta de pagos de las EPS están generando insolvencia en la red departamental. No podemos seguir escuchando las culpas indilgadas (sic) entre el Ministerio y las EPS. Se necesitan soluciones urgentes. La salud de la gente no es un juego” puntualizó en la red social.
La crisis en el sector salud no se limita a la Nueva EPS. La Superintendencia de Salud ha intervenido a otras entidades como Famisanar y Sanitas, las cuales también alegan tener retrasos en pagos. Si bien, el objetivo de la Superintendencia es la búsqueda de la mejora en la gestión técnica y administrativa de las Entidades Promotoras de Salud, lo que han demostrado las intervenciones es que vienen generando una efecto dominó de no pago de los servicios a las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y en consecuencia a los profesionales de la salud, quienes junto con los pacientes son los mayores afectados.
