La comunidad de Cota y Chía, Cundinamarca realizaron una nueva marcha en defensa de la Serranía del Majuy con el lema “No al Decreto 369”. En la movilización del pasado 11 de octubre hizo presencia el Resguardo Muysca de Chía, acompañado del Cabildo Indígena Muisca de Suba, junto con el Semillero de Guardia y la Guardia Indígena Muysca, campesinos, activistas ambientales y ciudadanos preocupados por la falta de claridad frente a la proyección de una vía conocida como “Perimetral del Cerro”.
La “Perimetral del Cerro” se refiere a un proyecto vial contenido en el Decreto 369 de 2023 de la Alcaldía de Chía, firmado a pocos días de que se acabara la administración de Luis Carlos Segura, específicamente, el 27 de diciembre de 2023. Este buscaba reglamentar nuevos perfiles viales en las zonas de las veredas de Tíquiza, Fagua, Fonquetá y Cerca de Piedra. El proyecto ha generado debates y protestas por parte de la comunidad debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental, social y la falta de consulta previa.
Según los expertos y líderes comunitarios, el decreto redefine el perímetro del cerro, “afectando zonas de importancia cultural, espiritual y ecológica”, como señaló Iván Carrillo, investigador jurídico y periodístico de la ONG Ruralia Urbana en una entrevista para Majuy Tv, medio de comunicación comunitario de Cota. “Este decreto es visto como una amenaza para el ecosistema y la herencia cultural de la región”, agregó.
// Iván Carrillo, investigador jurídico y periodístico de la ONG Ruralia Urbana.
Carrillo destacó que este no es un problema reciente. La comunidad ya había albergado la confianza de que una vía no se desarrollaría, basándose en “un sinnúmero de argumentos y movilizaciones previas”. Esto, debido a que la actual administración de Leonardo Donoso, había asegurado que ese decreto se iba a evaluar, así lo dijo en el mes de abril ante las cámaras de Canal 8 “Tan pronto conocí este decreto, vi la afectación y el alcance. Es un decreto que cambia todos los perfiles viales, que hace unas cosas salida de los cabellos, y que yo lo socialice el año pasado. Ni siquiera lo encontré y lo engaveté, no. Yo lo socialice y les dije mire lo que se hizo… Lo que dice la comunidad y lógicamente, es que yo tengo que hacer una valoración. No es coger solamente y derogue, sino que hay que hacer toda una recopilación del porqué y con el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca para aterrizarlo a la realidad vial. Ahora, hay que ver que unas vías tendrán que quedar, porque a hoy creo que estamos ahogados, pero algunas vías tendrán que quedar y tendremos que buscar la posibilidad de regularizar o moderar el Decreto 369”, afirmó en ese momento.
Sin embargo, el decreto no se ha derogado, generando falta de claridad respecto a la proyección vial y si afectaría o no los predios de los habitantes de las veredas mencionadas. Según, Héctor Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tíquiza, “Ha sido bastante complejo, porque llevamos más de un año, aproximadamente como unos 15 meses, que tenemos una problemática que viene afectando a más de 35 mil habitantes de toda una zona occidental de cuatro veredas más los habitantes del resguardo indígena. Es una afectación de unas vías, que abren el orden de 45 metros en una zona rural, que vienen con una destrucción ecológica y que va atravesar desde Chía hasta Tabio por toda la zona de la montaña; y en la vereda que yo represento están abriendo vías del orden de 10 metros que están pasado por encima de territorios, de cultivos, de viviendas, por encima de raizales y nativos del territorio. Entonces lo que va haber es un desplazamiento de la comunidad”, enfatizó.
Frente a los recursos usados por parte de la comunidad a la administración municipal, Rojas señala “Hemos tenido cuatro o cinco reuniones con la administración municipal y desde el comienzo nos vienen diciendo que están buscando unos insumos técnicos para ver cómo pudieran derogar. Al mismo tiempo, hemos tenido reuniones con el departamento y ellos nos han informado que no tienen ningún tipo de interés sobre estas vías, la administración también dice que no tiene interés, documentos que nos allegan en cuanto a solicitudes y derechos de petición al Ministerio de Transporte nos informan que no tienen ningún tipo de interés. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se mantenga este decreto 369 vivo si está afectando a una cantidad de población?, se pregunta Rojas.
Además, aunque se derogue el decreto, señala Rojas, continuaría la preocupación por la falta de consulta previa con las comunidades afectadas. “Hay una lectura que es muy compleja, que dice que por más que se derogue el decreto 369, van a quedar unas normas por encima que siempre van a tener ellos que respetar. El ejemplo es la norma departamental 171, que es desde el escritorio, porque ellos no han pasado al territorio, no han consultado con la comunidad , no tiene este principio de participación ciudadana, no tienen ese insumo y si no tienen ese insumo: no vale, porque no han contado con la comunidad”.
A esto, el abogado y apoderado del Resguardo Indígena de Chía, Carlos Paz dice que “Esto responde a una cartografía artificiosa, fantasmagórica, porque ha sido muy difícil reconstruir la proyección real, material, de cada una de estas vías. Hace parte de la estrategia de las administraciones de los diferentes actores: departamentales, nacionales y municipales para dificultar el control y la transparencia en este proceso, en esa modificación sustancial de lo que es el territorio…Esto tiene un propósito que tiene que ver con el fenómeno de la suburbanización que viene siendo denunciado. A lo largo de esta carretera han aparecido, por ejemplo, 16 nuevos conjuntos [residenciales] con unas dimensiones bastante altas que van a impactar notablemente el territorio, no sólo el indígena, sino de toda la comunidad rural, en últimas va a desaparecer la ruralidad en el sector occidental de Chía sin ninguna participación, planeación, estudio o consideración de los usos tradicionales de la tierra y de la comunidad indígena”.
Con estos argumentos, la comunidad se manifestó el pasado sábado 11 de octubre y está alarmada por el riesgo de imposición del decreto 369 y la potencial pérdida de espacios que son fundamentales para su identidad y prácticas ancestrales. El llamado que hacen los convocantes y comunidades indígenas es a preservar la Serranía del Majuy para las futuras generaciones,y manifestarse para proteger lo que consideran es patrimonio natural y cultural de la región.
