Con el propósito de prevenir y reducir deficiencias nutricionales, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, expidió el decreto 380 de 2026, el cual establece la adición obligatoria de vitaminas y minerales a alimentos de consumo masivo como la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz, para mejorar la nutrición de toda la población colombiana. La medida entrará en vigencia de forma transitoria durante los próximos 24 meses.
La decisión se fundamenta en los resultados de la última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), que evidenció una prevalencia sostenida en la carencia de vitaminas esenciales. Al ser el arroz y las harinas los alimentos de mayor consumo masivo en la canasta básica, el Estado los ha definido como los vehículos idóneos para garantizar que la población acceda a una nutrición adecuada sin que esto represente un cambio drástico en sus hábitos alimenticios.
Según el decreto, el reglamento técnico especifica las cantidades mínimas de nutrientes que debe contener cada kilogramo de estos productos. Para el arroz, será obligatoria la adición de Ácido Fólico, Hierro y Zinc. En el caso de la harina de trigo, la mezcla es más robusta, incluyendo Vitaminas B1, B2 y Niacina, mientras que la harina de maíz deberá estar enriquecida adicionalmente con Vitamina A.
Un punto clave del decreto es que la fortificación aplica tanto para productos nacionales como importados. En caso de que un alimento llegue al país sin cumplir estos requisitos, la norma permite que el proceso de fortificación se realice en Colombia en plantas industriales vigiladas por el Invima, antes de que el producto llegue a las estanterías de los comercios.
La normativa también introduce cambios en el empaque. Los fabricantes deberán incluir de forma destacada la leyenda “Fortificación obligatoria con”, seguida del listado de micronutrientes. Además, en el caso específico del arroz, las etiquetas deberán advertir al consumidor con frases como: “Evite ser lavado” o “No requiere lavarse”, esto con el fin de evitar que los nutrientes añadidos se pierdan durante la limpieza del grano en el hogar.
“Esta medida permite nivelar oportunidades desde la alimentación, impactando el desarrollo infantil, el aprendizaje y la calidad de vida de millones de colombianos”, destacó el Ministerio de Salud en su comunicado oficial.
El Invima será el encargado de diseñar y ejecutar los planes de muestreo para asegurar que la industria cumpla con los niveles de fortificación prometidos. Las empresas que no se ajusten a estos requisitos técnicos se enfrentarán a sanciones administrativas y medidas de seguridad sanitaria, conforme a la Ley 9 de 1979.
Con la entrada en vigencia de este decreto, Colombia inicia un periodo de transición de 24 meses para que la industria alimentaria adapte sus procesos de producción y agote sus existencias de etiquetas actuales. Al finalizar este plazo, la fortificación dejará de ser una iniciativa voluntaria de algunas marcas para convertirse en un estándar de calidad nacional.
