En un revelador balance que abarca la última década, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia documentó un total de 972 homicidios de personas defensoras entre 2016 y 2025.
El informe temático, presentado este jueves 19 de marzo, advierte que la violencia contra estos liderazgos se ha consolidado como un fenómeno “persistente y estructural” que no ha logrado ser revertido pese a los esfuerzos institucionales. Aunque entre 2022 y 2024 se registró una leve tendencia a la baja, el panorama se ensombreció nuevamente en 2025 con un repunte de 99 casos, lo que representa un incremento de 10 víctimas fatales respecto al año anterior. La radiografía de la victimización muestra una preocupante concentración geográfica y étnica. Según el monitoreo en territorio, el 76% de los crímenes ocurridos entre 2022 y 2025 se concentraron en solo 10 departamentos, siendo el Cauca el epicentro de la tragedia con 84 casos, seguido por Valle del Cauca, Nariño y Arauca.
El perfil de las víctimas revela que los ataques golpean con mayor fuerza a las poblaciones históricamente vulnerables: de los 410 homicidios verificados en el último cuatrienio, 171 corresponden a personas campesinas, 95 a indígenas y 42 a afrodescendientes. La Oficina de la ONU identifica que estos ataques sistemáticos están ligados a la disputa de grupos armados no estatales por el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. “La violencia en contra de personas defensoras no solo responde a lógicas de confrontación armada, sino también a intereses criminales articulados a economías ilícitas, donde el homicidio selectivo cumple una función estratégica de control social”, señala el informe
Además, el informe critica el actual modelo de protección, calificándolo de “insostenible” por centrarse casi exclusivamente en medidas materiales individuales, como chalecos y vehículos, que han quedado rebasadas por la magnitud de los desafíos estructurales. En el ámbito de la justicia, aunque se destacan avances investigativos, los niveles de impunidad siguen siendo alarmantes.
De los más de 1.500 casos investigados por la Fiscalía desde 2016, solo en el 15.5% se ha logrado obtener una sentencia que identifique a los responsables. Ante este escenario, el organismo internacional recomienda al Estado colombiano acelerar la implementación de la Política Nacional de Garantías y transformar el modelo de protección hacia uno con enfoque colectivo y territorial.
Con la mirada puesta en el relevo presidencial de agosto de 2026, la ONU enfatiza que la superación de este “Estado de Cosas Inconstitucional” debe ser una prioridad absoluta para evitar que la defensa de los derechos humanos en las regiones siga costando la vida.
