Durante la tarde del martes 28 de enero, el presidente de la república, Gustavo Petro, junto con el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, anunciaron la firma del comodato del Hospital San Juan de Dios, con el que se busca la recuperación de este complejo hospitalario. Mucho se habló de la inversión que realizó la nación y el distrito capital, y del controvertido discurso de presidente, pero poco se habló de la inversión que realizó el departamento, que no es menor, pues se trató de una decisión judicial.
La presencia del departamento en la reciente firma del convenio para la restauración y operación del San Juan de Dios no es una casualidad administrativa. Según explicó el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el vínculo nace de una realidad jurídica ineludible. “El Honorable Consejo de Estado declaró en el 2005 que el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil tenían la calidad de instituciones de salud del orden departamental y ratifica que la propiedad era de la Beneficencia de Cundinamarca”, dijo.
Tras el cierre de servicios en 2001 por una crisis financiera, se inició un complejo camino legal y humano. En 2006, la Nación, el Departamento y el Distrito acordaron la liquidación del hospital para proteger a los empleados. Este proceso, liderado por un gerente liquidador de la Gobernación, fue monumental, culminando la liquidación en 2017 tras asegurar la cancelación de prestaciones sociales y pensiones adeudadas. “A corte de esa fecha se contaba con aproximadamente 6.104 trabajadores”
Un punto de inflexión ocurrió en 2015, cuando la Alcaldía de Bogotá adquirió las instalaciones al Departamento. Según la Gobernación, los recursos obtenidos de esta venta no fueron al azar. “Dichos dineros han sido empleados esencialmente para atender las obligaciones que, consideradas en derecho, debían ser reconocidas a extrabajadores y a centenas de proveedores de la época”, señaló.
Además de la gestión laboral, el compromiso financiero ha seguido vigente. Bajo instrucciones judiciales, la Gobernación ha contribuido con “$37.409 millones para cumplir con el manejo especial y de protección del Ancianato San Pedro Claver”, pieza arquitectónica clave del complejo que requería rehabilitación urgente.
La hoja de ruta actual está trazada por la Ley 735 de 2002, que declara el complejo como Monumento Nacional. Como parte de la Junta de Conservación, Cundinamarca asume el reto de transformar el espacio en un centro de investigación y hospital universitario de vanguardia. El convenio firmado recientemente busca unir esfuerzos entre Nación, Distrito y Departamento para diseñar un plan estratégico que responda a los desafíos demográficos actuales y prestar servicios de innovación en salud que, según Rey, “atiendan a la nueva realidad de un país con altas tasas de envejecimiento”.
