Luego de que el Consejo de Estado anunciara en la mañana de este viernes la suspensión provisional del decreto 1469, mediante el cual se fijó el aumento del 23% del salario mínimo, gremios empresariales y comerciantes respaldan la medida, mientras el gobierno nacional y centrales obreras señalan que es inconstitucional. Hasta el momento, según la decisión judicial, el gobierno nacional tendrá ocho días para presentar nuevamente el decreto precisando razones técnicas.
La decisión del Consejo de Estado se produce después de que se presentaran 16 demandas en contra del Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo para 2026. Los demandantes argumentan que el Gobierno no justificó adecuadamente el incremento y que no se siguieron los parámetros legales establecidos. Estos corresponden a: meta de inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional 2025, incremento del producto interno bruto 2025, inflación real 2025, entre otros.
Importante: mientras el gobierno nacional presenta nuevamente su propuesta, sigue rigiendo el decreto 1469 por el cual se fijó el aumento del 23% por lo que no habrán cambios en, por ejemplo, la quincena que se avecina. “Empresarios: esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1.º de enero de 2026. Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos” anunció el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Como era de esperarse la decisión ha generado un conjunto de reacciones desde diferentes orillas. El gobierno nacional, ha anunciado un nueva mesa de concertación, mientras que organizaciones empresariales y de comerciantes señalan que la medida confirma la ilegalidad del decreto y el impacto que tendría en la economía.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció a través de cuenta de X manifestando que si bien respeta la decisión del Consejo de Estado, defiende que el decreto actualmente suspendido de forma provisional sí contiene criterio técnicos “a la luz de la últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario mínimo vital en el incremento de precios en alguno productos alimenticios”. Además, el primer mandatario señaló que otro de los factores que también debe tener en cuenta serán “la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Jaime Alberto Cabal, señaló que la suspensión de decreto confirma la “arbitrariedad e improvisación” que pone en juego, según él, “772.340 empleos y la estabilidad de miles de mipymes”. Respaldó sus argumentos señalando que el decreto no sustentó “cómo se pasó de variables económicas cercanas al 6,21% a un aumento del 23,7%”, además de desconocer los impactos en la economía en los que, según Cabal, son: “costos laborales más altos [que] se trasladan a precios de bienes y servicios, afectando especialmente a hogares de ingresos bajos y trabajadores informales”
El ministro del trabajo, Antonio Sanguino, manifestó para Caracol Tv que la medida corresponde a una decisión “precipitada, nefasta e indignante” . Precipitada, porque según el ministro, es un contrasentido jurídico ya que el gobierno tenía plazo de presentar dichos argumentos hasta el 23 de febrero. “Lo que sucede no es un asunto jurídico: es un ataque frontal a la dignidad de las y los trabajadores” sostiene Sanguino, mientras hizo un llamado a la movilización popular para “defender el salario vital de las y los trabajadores frente a una decisión nefasta que vulnera el artículo 53 de la constitución, los tratados ratificados por Colombia y los estándares de la OT y el Estado Social de Derecho”
