La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una actuación preventiva para vigilar de cerca la implementación de la Política Pública del Catastro Multipropósito en el país. La decisión, oficializada este 25 de febrero de 2026, responde a un derecho de petición interpuesto por la Veeduría Catastral de Ubaté, en nombre de Rosa Helena Rodríguez, sobre “posibles irregularidades en procesos de actualización y/o valoración catastral” que estarían afectando la seguridad jurídica de los predios y la capacidad económica de los ciudadanos.
A través de un requerimiento formal, el ente de control busca garantizar que los procesos de actualización catastral respeten el debido proceso administrativo y la equidad tributaria. El requerimiento preventivo fue dirigido a Gustavo Adolfo Marulanda Morales, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a quien se le solicitó información técnica y jurídica detallada en un plazo máximo de diez días hábiles.
Los puntos exigidos en primera instancia por la parte de la veeduría, respaldados por el Ministerio Público, se encuentran contenidos a través de cinco puntos. Estos, corresponden a componentes físicos, jurídicos, económicos, garantías de debido proceso y salvaguardas sociales y étnicas. En otras palabras, se exige información sobre: inconsistencias detectadas (información de competencia de la Superintendencia de Notariado y Registro), estudios de mercado y modelos estadísticos utilizados para el cálculo de avalúos, estrategias de socialización, aplicación del enfoque diferencial. Asimismo, el IGAC deberá explicar la metodología física del levantamiento de predios y los mecanismos de control de calidad aplicados en las zonas actualizadas.
Paralelamente, la Procuraduría notificó a la integrante de la Veeduría Catastral, Rosa Helena Rodríguez, sobre el inicio de estas acciones de vigilancia superior. La entidad aclaró que su función es preventiva y no tiene la facultad legal para modificar avalúos o sustituir decisiones del gestor catastral. “[Su función se ejerce para] garantizar la adecuada ejecución del servicio público catastral, la protección del orden jurídico, la seguridad jurídica inmobiliaria y la salvaguarda de los derechos e intereses de los ciudadanos” señala la respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación, allegada a este medio.
De esta manera, dentro los próximos diez días hábiles, el director del IGAC será quién debe responder estos requerimientos. Según la respuesta emitida por la Procuraduría, el incumplimiento de los estándares técnicos y procedimentales por parte de los funcionarios públicos podría derivar en investigaciones disciplinarias.
El ente de control recordó que el Catastro Multipropósito es un instrumento clave para la formalización de tierras y la planeación sostenible, por lo que cualquier deficiencia en su ejecución compromete la confianza ciudadana en las instituciones.
